viernes, 7 de diciembre de 2007

Los Magistrados de la SCJN ante el caso de Lydia Cacho

A la pregunta “¿En el caso de la periodista Lydia Cacho, desahogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 29 de noviembre, existieron violaciones graves y confabulación de autoridades?”, los ministros respondieron - www.scjn.gob.mx - :

A FAVOR

Juan Silva Meza

“Repito, sí queda probada la violación grave de garantías individuales de la señora Lydia Cacho Ribeiro, sí existió concierto de autoridades para llevar a cabo esa violación, y sí es posible determinar a las autoridades involucradas en esa violación. Mi respuesta es obvia. Un sí monosilábico pero que encierra todo el contenido de una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno. Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”

José Ramón Cossío

“Por su puesto que no vamos a encontrar, en una actividad realizada por autoridades públicas, pruebas o confesiones o elementos directos; me parece que sería realmente ingenuo suponer que esto va a acontecer, justamente cuando el concierto puede tener la presunción o la intención de lastimar a una persona. Si uno toma el registro de las llamadas telefónicas que aceptamos como prueba documental y al valorar, uno se da cuenta que existen ciertos patrones ... que permiten comprobar una violación grave derivada de un concierto de autoridades. Allí es donde me parece que está, insisto, la nota de gravedad”

Genaro Góngora Pimentel

“Para mí sí quedó probada la violación grave. Para mí sí hubo concierto de autoridades, lo que se demuestra con ese flujo de llamadas y con las irregularidades en el expediente. Lo grave es que el gobernador hubiera utilizado al Poder Judicial local para esta violación de garantías y a mí me parece que el señor ministro instructor logró demostrarlo”

José de Jesús Gudiño Pelayo

“Yo creo que sí hubo violación grave de garantías individuales. Considero que sí hubo concierto de autoridades, está plenamente demostrado a través de la prueba circunstancial, debidamente, lógicamente, engarzadas”

EN CONTRA

Sergio Aguirre Anguiano

“Para mí no existe probado, con prueba idónea, en la especie, que la señora Cacho haya sufrido violación grave de sus garantías individuales. Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca, de publicar lo que le plazca, reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó. Fue aprehendida en Quintana Roo, eso es cierto; fue trasladada a Puebla con agentes judiciales varones, esto es cierto, cuando menos está debidamente probado; fue, se dice, con posterioridad seguida por una intimidante camioneta blanca marca Liberty; bueno, depende del ánimo de la persona, hay quien se puede intimidar con una bicicleta, una camioneta, o con un tráiler, para mí esto carece de significación”

Mariano Azuela Güitrón

“Muy brevemente, coincido con el ministro Sergio Aguirre... no está probada la violación gravísima de garantías individuales”

Margarita Luna Ramos

“Durante el proceso de la señora Cacho, pudo o de hecho, hubo violaciones a sus garantías individuales, me queda clarísimo; nada más bastó ver el expediente para en un momento dado advertir que sí pudo haber muchas violaciones a sus garantías individuales, pero violaciones posiblemente resarcibles. ¿A través de qué? A través de los medios jurídicos que establece nuestro propio sistema jurídico; no aquellos determinados y establecidos para que esta Corte realice una investigación y además emita una recomendación, en términos del artículo 97 constitucional”

Olga Sánchez Cordero

“Yo estimo que los traslados en general no son agradables ni mucho menos. Ni siquiera, a veces muestran los oficios de colaboración, son traslados que se hacen entre las procuradurías, con policías judiciales, no necesariamente agradables, y éste es el caso, y el caso es que ella cuando menos sintió tortura sicológica. Pero es inexacto lo que se afirma en el sentido de que existen elementos suficientes para tener por demostrada la injerencia del funcionario, en este caso del gobernador o de otras autoridades, para que existiera un concierto para violar sus garantías individuales”

Guillermo Ortiz Mayagoitia

“Esa grabación demuestra, a lo más, una relación de lo que hablaron el señor gobernador y Kamel Nacif. Demuestra quizá, sí, de llegarla a aceptar como tal, una intervención aislada para que se llevara adelante un proceso penal, cuyas irregularidades nos las ha puesto de manifiesto el señor ministro titular de esta Comisión de Investigación. Y yo diría (que) son irregularidades m e n o r es … en todo caso una señal mal interpretada por parte de quienes ejecutaron los restantes actos”

Sergio Valls Hernández

“Considero que de las quinientas treinta y tres fojas que forman este expediente 2/2006, no se acredita de manera fehaciente violaciones graves a las garantías individuales de la señora Lydia Cacho Ribeiro; es decir, no tenemos elementos que nos permitan afirmar con plena certeza y no en base a suposiciones, que se produjeron violaciones leves o graves a las garantías individuales de la señora Cacho Ribeiro”

Corresponde a la opinión pública juzgar la actuación de los ministros, pero más allá de la indignación no debe olvidarse que aunque todos comen en el mismo pesebre, no todos patean del mismo lado.

jueves, 6 de diciembre de 2007

El asistencialismo en sector rural pierde eficacia

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

*El México que conocemos será otro a partir de enero

Los paliativos coyunturales con los que se ha pretendido taparle el ojo al macho en el campo mexicano, han dejado de ser políticamente eficaces. La apertura total para el sector agropecuario, a partir del próximo año - en la que se contempla la eliminación de los aranceles en las importaciones de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo –, coloca a la economía rural nacional en una franca indefensión. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la administración salinista, eran más que exigidos profundos cambios estructurales para reducir las desventajas de una asociación comercial asimétrica. Estos cambios no se dieron.

Las consecuencias, a unos días del fatídico primero de enero del 2008, ya están a la vista. El conflicto en la industria azucarera, que enfrenta a los propietarios de los 42 ingenios del país con sus abastecedores de la materia prima, y la firma del acuerdo entre los productores de maíz con la trasnacional GRUMA (Grupo MASECA), se ubican en este contexto.

Estos eventos son apenas un indicio del proceso de supeditación, con desventajas evidentes, a que estarán sujetos los productores nacionales en un mercado mundial dominado por la poderosa dupla internacional de las industrias agroalimentaria y agroquímica. La asimetría que objetivamente priva entre una economía agraria desvencijada, desorganizada, ajena a nuestra realidad geopolítica y neoeconómica, y la subsidiada y altamente tecnificada de los productores norteamericanos y canadienses, subordina a la soberanía alimentaria de México a decisiones externas del gran capital.

25 años de políticas neoliberales de desmantelamiento de la economía campesina, privatización y pulverización del ejido, restricción del crédito rural, supresión de los precios de garantía, y abandono de la investigación científico técnica, extencionismo y organización social para la producción, en prácticamente todo el territorio nacional, han dado como resultado la total indefensión de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario –que constituyen mayoría-, frente al proceso de globalización dominado por las fuerzas del mercado. A decir de las principales organizaciones nacionales que representan al sector rural, las políticas oficiales han contribuido a la creación de una nueva burguesía rural y a la proletarización de ejidatarios y pequeños propietarios rurales, así como han propiciado la migración de la mano de obra excedente.

Si en su momento los programas asistenciales de combate a la pobreza políticamente fueron la válvula de escape, mitigando los efectos del desmantelamiento del sector productivo rural bajo el supuesto de búsqueda de mayores índices de eficiencia, productividad y competitividad, estos dejan de ser eficaces tanto en el orden económico como en el político, frente a una nueva realidad. La lucha de clases, que se daba como desaparecida con la globalización y el neoliberalismo, en el sector más desprotegido de la economía nacional vuelve por sus fueros como generadora de conflicto. El México que conocemos, antes de la apertura arancelaria pactada, será otro a partir del primero de enero de 2008.

miércoles, 5 de diciembre de 2007

Injusticia en la Suprema Corte

A continuación transcribo el artículo del historiador Arnoldo Kraus, publicado el día de hoy en el diario "La Jornada", que por su relevancia merece ser tomado en cuenta, difundirse y conservarse, como expresión paradigmática de la indignación que despertara en México la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la investigación que esta realizara con motivo de la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.


Injusticia en la Suprema Corte

Arnoldo Kraus

¿Qué queda entre las aguas que sepultaron buena parte de Tabasco y la exoneración del gobernador de Puebla, Mario Marín, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Queda el México atrapado por la injusticia, el México sin solución y con mínimas esperanzas sobre temas tan críticos como la ética de los funcionarios públicos. Queda también el incremento en el descrédito hacia el gobierno y el repudio hacia sus instituciones.

Mientras que las aguas desvelan mucho de lo que no hicieron los gobernadores y sus secuaces en Tabasco, el fallo, ya desde ahora histórico de la SCJN, al exculpar al gobernador Marín de las acusaciones por la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho muestra el desprecio de la Corte hacia el grueso de la población mexicana.

En el México contemporáneo, la naturaleza y algunos de los encargados de impartir justicia hermanan a la población; ambos actos exponen la brutal desprotección de la sociedad y, en el caso de la periodista, la inutilidad de la razón. El affaire Marín-Cacho-SCJN refleja también otras realidades execrables y temibles que pueden resumirse en las siguientes preguntas: si se exonera a un gobernador, a todas luces responsable ante la opinión pública nacional y mundial de vulnerar los derechos humanos de una periodista, cuyo nombre ha recorrido el planeta, ¿qué le espera a la población innominada y cuáles son las lecciones de esta lamentable decisión?

La enseñanza que deja la conclusión de la SCJN es que en México la justicia es endeble, acomodaticia y magra. Testigos de esa actitud son los millones y millones de innominados, sean las menores cuyos derechos humanos habían sido violentados por Kamel Nacif, el celebérrimo amigo de Mario Marín, los heroicos poblanos que han sido expulsados de sus tierras y desde los restaurantes de Nueva York mantienen a sus familiares ante la inoperancia y la corrupción de sus gobiernos o el resto de los mexicanos transparentes, como los tabasqueños, sepultados por la ineptitud y los hurtos de sus gobernadores.

Para quienes hemos seguido el caso de Lydia Cacho, la lamentable decisión de la SCJN transmite un mensaje muy claro: mientras nos gobiernen quienes nos han gobernado los derechos humanos en México nunca se respetarán. Lo mismo puede decirse de la justicia y de la ética, cuya prioridad es casi nula para las autoridades mexicanas. Es obvio que si a nuestro gobierno no le preocupa exponerse ante el mundo, a pesar de la reputación de Cacho, menos le intranquiliza la suerte de millones de innominados.

La resolución de los magistrados es lamentable por el desdén que implica contra el grueso de la opinión pública; aunque no cuento con estadísticas –no creo que existan–, comprometo mi opinión al afirmar que la mayoría de las personas enteradas del caso Marín-Cacho están convencidas de las terribles amenazas sufridas por la periodista. No sobra recordar que el meollo del asunto es el tráfico de menores con fines sexuales, tema nefando para el cual no existe perdón posible.

A los sinsabores anteriores deben agregarse la vindicación de la impunidad como sino de la “democracia a la mexicana”, la inseguridad de la población acentuada por la decisión de la SCJN y la creciente falta de confianza de la sociedad hacia las instituciones gubernamentales. Todo un ramillete marchito del panorama político y legal del México contemporáneo, cuya suma deviene desesperanza: los mexicanos no contamos con garantías individuales. No sobra recordar que el presidente Calderón condenó a Marín en 2006: “Mi repudio y mi más enérgico rechazo a la actuación del gobernador de Puebla… en el caso de la detención de la periodista Lydia Cacho”.

La decisión de la SCJN alarma. Si bien fue una votación “apretada”, seis contra cuatro, la mayoría de los magistrados consideraron que “no se puede afirmar… que Marín tuvo la participación que se le imputa”. Si bien las grabaciones telefónicas no son un método ético para obtener información, lo que escuchamos en los diálogos, no precisamente platónicos entre Marín y Nacif, aunados al resto de las evidencias demostradas por la periodista, son elementos suficientes para saber que la razón asiste a Cacho y que la resolución de la Corte no sólo es un agravio contra la nación, sino una infamia contra su propia imagen.

Descreer en estructuras supuestamente acreditadas y neutrales es signo ominoso. Con su fallo la Corte abre la puerta para que los Marín, los Nacif y los Succar sigan no sólo reproduciéndose ad nauseam, sino que avala sus acciones y las apoya.

Los ministros de la Corte están preocupados y piden que sobre el caso de la periodista Lydia Cacho se les juzgue por sus argumentos, que difunden en su página de internet (www.scjn.gob.mx). Pero eso sí, por separado. Carlos Avilés, El Universal

lunes, 3 de diciembre de 2007

Tabasco. O todos coludos o todos rabones

En Perspectiva

J. Enrique Olivera Arce

En aquellos lejanos días en los que el ser humano inició su aprendizaje como humano, la cultura giraba en torno a dos manifestaciones básicas: el conocimiento para sobrevivir conviviendo con una naturaleza hostil, y el correlativo conocimiento para hacer de esta, fuente sustantiva de su alimentación y abrigo. Satisfecha la necesidad básica de supervivencia, la reproducción de la especie superior fue pecata minuta. Todo el conocimiento acumulado posteriormente ha resultado accesorio, simple y llanamente, pesado fardo cultural que hay que llevar a cuestas a lo largo del camino, en el afán nunca satisfecho de dejar de ser masa, parte, para convertirse en individuo.

Una cosa tan elemental, en la modernidad y lo que los profundos pensadores de nuestros días califican hoy como posmodernidad, parece haberse perdido al paso del tiempo en la memoria histórica de la humanidad. El fin último de la especie, la supervivencia, pasa a segundo plano en la jerarquización de necesidades y la manera de resolverlas. Lo accesorio se privilegia como manifestación sustantiva del quehacer cotidiano de la especie humana.

Ufff. Disquisición cercana a rollo filosófico sin sentido. Pero que bien puede ser modesta aproximación a lo que los sabios que profundizan en la entendedera del conocimiento enseñan como el pensar con la cabeza a partir de donde pisan los pies, cuando con la simple observación se constata que las hormigas, seres diminutos que menospreciamos por considerarles inferiores, de manera instintiva pactan con la naturaleza con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de su existencia.

Sabio actuar de estos pequeños seres vivientes, frente a la soberbia de lo humano. Ante la magnitud de la tarea a que cotidianamente enfrentan, la individualidad se diluye, la acción colectiva, fórmula de supervivencia, hace de la concertación y la cooperación instrumentos para la búsqueda del bien común; el miedo individual a confundirse con la masa, no existe para las hormigas. Lo superfluo para estas no tiene cabida al paso del tiempo. Todos a favor de todos, es la consigna, en tanto el hombre, ser superior, se inclina a favor del todos contra todos, ignorando el fin último de los primeros días.

Pero, ¿a que viene tanto rollo? ¿Qué tienen que ver las hormigas y mucho menos el eslabón perdido, con el desastre que aqueja a nuestros vecinos tabasqueños? Posiblemente nada, pero a tal reflexión invita el Sr. Calderón Hinojosa, el mismo que en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara recibiera cara a cara de una fémina, el calificativo de “espurio”, cuando al margen de toda previsión resuelve individualizar la respuesta a la tragedia colectiva, otorgando a título gratuito y con cargo a fondo perdido, una compensación en vales de 10, 000 pesos a cada una de las familia que oficialmente son consideradas afectadas.

Paliativo que no resuelve ni resolverá nada sustantivo, como tampoco contribuirá a legitimar al Sr. Calderón en el cargo que ostenta, “de facto”, diría el escritor Fernando Del Paso. Antes al contrario, con la medida no sólo se enfrenta a los que menos tienen con los que tienen algo más o mucho más. A los que efectivamente perdieran su patrimonio vital con los que perdieran lo superfluo. Todos quieren y nadie desea quedar atrás. O todos coludos o todos rabones. También constituye un acto propiciatorio para que los grandes almacenes, como Elektra, por ejemplo, resulten ser los primeros beneficiarios de la tragedia.

Pero eso no es todo. Lo grave, lo verdaderamente grave, es que por falta de visión de Estado y desconocimiento del terreno que se pisa, se abre la Caja de Pandora y Calderón tendrá por ello que asumir el costo político.

Con la medida adoptada, se reactiva en Tabasco no la vida económica de la entidad. Se abre la puerta a la llamada “industria de la reclamación”, que cobrara fama en la Chontalpa y región lagunar, ante las afectaciones derivadas de la ampliación de la Boca de Panteones por PEMEX. Todo tabasqueño, en lo individual y familiar, se sentirá con derecho a exigir del gobierno una justa compensación. El poco dinero disponible, 7 mil millones hasta ahora, se canalizará a gasto corriente en la tarea de identificación, evaluación, pago de afectaciones y control contable de los egresos, así como a la adquisición de bienes de consumo por parte de la población beneficiaria, restándosele a las tareas sustantivas de beneficio colectivo y búsqueda del bien común, como la reconstrucción, el rescate agropecuario, y la dotación de infraestructura de previsión, control y reencauzamiento de los cuerpos de agua.

Pasado un tiempo razonable, apagados los reflectores mediáticos, las cosas seguirán igual que como estaban antes del desastre. La naturaleza, en su momento, presentará nueva factura. Las hormigas en una acción colectiva y concertada, pondrán nidos y alimentos a buen recaudo, asegurando su supervivencia, en tanto los seres superiores, los humanos, enfrentados y al grito de todos coludos o todos rabones, serán nuevamente víctimas del desastre anunciado.

pulsocritico@gmail.com

domingo, 25 de noviembre de 2007

La contradicción

Opinión para Newsver

J. Enrique Olivera Arce

Desde los inicios de la actual administración pública estatal, entre murmullos palaciegos y chismes mediáticos, se ha ido construyendo la percepción de que un buen número de funcionarios de primero y segundo nivel en el gabinete del Poder Ejecutivo no son aptos para el desempeño de la función que se les tiene encomendada. Desde que a finales del 2004 se diera a conocer la integración del equipo de trabajo del gobernador Herrera Beltrán, empezaron los cuestionamientos y los “borregos” respecto a cambios inminentes.

Se ha hablado de pago de facturas por servicios prestados en campaña, de alianzas con las cabezas visibles de diversos grupos al interior del PRI estatal que declinaran a favor de la candidatura del hoy gobernante, e incluso de un interés especial por acunar a jóvenes inexpertos que podrían en el futuro destacar con brillo propio. En todos los casos, el denominador común en la descalificación ha venido siendo tanto el que la mayoría de los funcionarios de primero y segundo nivel no reúnen el perfil que demanda la tarea, como su incapacidad para interpretar las políticas trazadas por el titular del ejecutivo y desempeñarse al mismo ritmo e intensidad de trabajo del gobernador. La insistencia mediática en forzar a Fidel Herrera Beltrán a realizar cambios, sigue manifestándose de manera insistente.

Lo curioso del caso, una verdadera contradicción, es que quienes alimentan la percepción de que el gobernador no cuenta con un equipo de trabajo a la altura de las necesidades y expectativas de Veracruz y del propio titular del ejecutivo, son los primeros en exaltar las enormes virtudes, eficiencia y eficacia, de la administración pública estatal. Atribuyendo al gobernador el contar con una varita mágica que todo puede, que todo resuelve y que coloca, a quien la esgrime, como el mejor gobernador a lo largo de la historia de la entidad.

Hoy tras el cumplimiento de la primera mitad del gobierno del maestro Fidel Herrera Beltrán, las mismas voces que exaltaran la magnificencia de los resultados de la gestión, expresados de palabra y por escrito en el Tercer Informe de Gobierno, insisten en la necesidad de la reestructuración del gabinete con el arribo de sangre fresca, bajo el pretexto de la necesaria consolidación de la gran obra del gobernante.

En este escenario, vale preguntarse cómo, con funcionarios de primero y segundo nivel de tan bajo perfil y rendimiento, ha sido posible para la administración pública estatal, alcanzar tan notables resultados. O los rumorólogos y los chismosos están equivocados en sus apreciaciones, o efectivamente, Fidel Herrera Beltrán cuenta con una varita mágica que satisface a plenitud las expectativas de los aplaudidores.

A mi juicio, ni lo uno ni lo otro. Tal paradoja no se refleja en la realidad. Ni se cuenta con un gabinete tan mediocre, ni hay tal varita mágica en manos de un genio. Se hace lo que se puede, conjugando lo deseable con lo posible, en el marco de disponibilidades presupuestales escasas, pero también con las limitaciones propias de un escenario nacional en el que se percibe la carencia de rumbo, la obsolescencia del sistema político, y la insistencia en la inserción tardía del país en los procesos globalizadores de una economía mundial en permanente crisis y reacomodo.

Si no se percibe claridad en el rumbo de la Nación, no puede hablarse de claridad de rumbo en la entidad veracruzana. La coyuntura domina y los lugares comunes se imponen. No hay cabida para la visión de largo plazo; ni tampoco son momentos para jugar a la democracia, como en su momento trascendiera que expresara el gobernador ante un grupo de fieles servidores.

La administración pública veracruzana, ha sido exitosa en la contingencia. Se ha sabido con oportunidad capear el temporal y en ello, ni duda cabe, debe reconocérselo a la inteligencia y experiencia política de quien lleva el timón de la nave, pero también a la mayoría de los funcionarios de primero y segundo nivel, e indudablemente a quienes aterrizan con su trabajo cotidiano las disposiciones emanadas del ejecutivo, que han entendido la jugada actuando en consecuencia. El perfil de cada uno ha resultado idóneo para la tarea.

Otra cosa sería si se pretendiera modificar estructuralmente la vida económica y social de Veracruz, actuando en el terreno de los históricos rezagos en materia de desigualdad, pobreza y exclusión. Ni el escenario político nacional es propicio para ello, ni la dinámica neoliberal de una economía estancada da pie para ello. Se hace lo que se puede, se recurre a lo disponible y se evita lo que hoy parece imposible de resolver, existiendo un cierto nivel de consenso de que se hace bien. No se pueden pedir peras al olmo.

Bajo este punto de vista, bueno sería que más que descalificar sin razones válidas al equipo y exaltar sin medida al técnico, se coadyuvara a los esfuerzos de ambos, con menos rumores, menos chismes, más honestidad intelectual, más objetividad y más trabajo.