miércoles, 16 de julio de 2008

Pemex NO es de los partidos

Soberanía Popular

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente provisional del PRD, propuso al PRI y al PAN “dialogar” para “encontrar un acuerdo político” sobre la reforma de Pemex. Entre otros puntos propuso otorgarle a la paraestatal “autonomía de gestión”, misma que comparte el PRI, el PAN y Calderón. Otra propuesta de los “modernizadores” es el fortalecimiento de los órganos reguladores para concretar la privatización por medio del otorgamiento de permisos privados a los particulares. Acosta provoca al pueblo de México en lucha. Pemex y el petróleo NO son de los partidos políticos sino de la nación. Las iniciativas de Calderón deben desecharse, en ningún caso procede la negociación.


Propuesta de “dialogo” de Acosta Naranjo


El 11 julio, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional sustituto del PRD, invitó a sus homólogos del PAN y el PRI "a sentarnos a platicar" para elaborar una propuesta de reforma energética que transforme a Pemex y conserve el petróleo como propiedad de la nación.


Acosta dijo que "Ellos dirán si están dispuestos a platicar o no, si están dispuestos a salvaguardar con una iniciativa que nos ayude a todos a encontrar un acuerdo político, como bien lo manifestó (sic) Manuel Camacho en su última exposición que dio en el Congreso de la Unión, en el Senado". Expresó que, de parte del PRD, “hay disposición para lograr un acuerdo que transforme a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero que mantenga el hidrocarburo como parte de la propiedad nacional”.


“Es importante que haya una reunión y logremos un acuerdo, de nuestra parte tendríamos la mayor disposición”, dijo Guadalupe y agregó que “entre los principales puntos para lograr un acuerdo político para la transformación de Pemex están darle autonomía a la paraestatal” (sic).


¿De dónde surge esa iniciativa? ¿Del PRD, cuál de todos? ¿Quién autoriza a Guadalupe para “encontrar un acuerdo político” con las cúpulas del PRI y el PAN, proclives a la privatización de Pemex? ¿De quién es la “disposición para lograr un acuerdo”?


Lo menos que se puede decir es que Guadalupe se excede en sus funciones. En realidad es un “presidente provisional” con iniciativa pero incorrecta. Acosta adelantó que “entre los principales puntos” para lograr el acuerdo está la “autonomía de gestión”. Si ese es el caso, el PRI y el PAN estarán encantados pues esa es su propuesta para la privatización.


Por lo demás, ¿Guadalupe ha consultado a la militancia del PRD? ¿Acaso tiene facultades para “acordar” con sus homólogos privatizadores?


EL PRI responde dispuesto al “diálogo”


El PRI fue el primero en reaccionar. La cúpula priísta señaló que “siempre ha estado dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas”, pero “sin condicionantes ni descalificaciones”.


Beatriz Paredes, presidenta del PRI, manifestó su disposición para analizar propuestas sobre la reforma de Pemex. Sin embargo, subrayó que “serán los legisladores priístas los que finalmente concreten acuerdos en torno a temas y asuntos en los que haya coincidencias”.


Los priístas saben bien el juego que se traen entre manos. Buscan “dialogar” con el PRD (en realidad Guadalupe Acosta) para engañarlo o pactar sucios acuerdos. Tan es así que, Paredes dijo que a su propuesta, pueden sumarse otras fuerzas políticas. “Modernización sin privatización es la tesis” del PRI, aclaró. Uno de los aspectos clave de la “modernización” que propone el PRI consiste en el otorgamiento de “autonomía de gestión” a Pemex para que, entre cuatro paredes, sin procedimientos ni controles, las cúpulas administrativa y sindical, decidan “lo que quieran” sin rendirle cuentas a nadie. Esa es la esencia del Proyecto SUMA, diseñado por el gobierno norteamericano, que apoyan Reyes Heroles, Calderón y Paredes. Otro punto clave es el “reforzamiento” a la entidad reguladora, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para el otorgamiento de permisos privados a las transnacionales, “sin privatización”. ¿Acosta está de acuerdo en esa “modernización”?


Labastida es coautor de la privatización


En el PRI hay voces discordantes, sin embargo, dominan las cúpulas. Francisco Labastida Ochoa es coautor de la reforma presentada por Calderón. Desde 2006 ha venido cabildeando y arrastrando a legisladores de todos los partidos. Tan es así que, en diciembre de 2006, los hizo firmar una iniciativa que fue turnada al Senado para reformar la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y otorgarle más atribuciones a la Sener, todas privatizadoras. El 17 de abril de 2007 se aprobó en el Senado por 94 votos a 0 (cero). Ahora, Calderón propuso esa misma Ley como la primera del paquete inicial de cinco iniciativas de reforma energética.


Las circunstancias políticas han cambiado pero las intenciones de Labastida se mantienen. El 4 de julio, hablando a nombre de los priístas, declaró que “Queremos una reforma de fondo, nos parece que lo que nos enviaron es insuficiente, vamos a pelear, a defender una reforma de fondo a la altura de los problemas, pero también a la altura de las potencialidades que tiene el país". ¿En que consiste esa “reforma de fondo”?


Labastida dijo que “se quiere un órgano regulador y una Secretaría de Energía fuerte, abocada a más planeación y a pensar más en energías renovables”. ¿Se requiere un órgano regulador? ¿Ni siquiera basta la CRE? Labastida está proponiendo que “se requiere” la Comisión del Petróleo, exactamente lo mismo que propone Calderón, También se implica que “se requiere” de la CRE, como también insiste Calderón. No podría ser de otra manera porque Labastida, reiteramos, es el coautor de la reforma energética neoliberal.


Luego señaló que “otra -alternativa- que le da mucho miedo a la gente, pero en la que hay que pensar, como es la atómica (sic), que según los expertos es hacia donde debemos transitar". No son los “expertos “quienes recomiendan esa “alternativa” sino las corporaciones transnacionales urgidas de rescatar de la persistente crisis a la energía nuclear de fisión.


Para no dejar dudas, Labastida indicó que “se desea un Pemex con autonomía y capacidad de decisión y un sistema fiscal justo”. Nadie más convencido de la tal “autonomía” (pervertida) que el propio senador priísta.


Así, ¿es posible llegar a algún “acuerdo” con los privatizadores como propone Acosta Naranjo?


El PAN también dispuesto al “diálogo”


El 14 de julio, Germán Martínez, presidente del PAN, aceptó “el diálogo” convocado por Acosta y planteó que éste se dé a partir de la iniciativa que el presidente Felipe Calderón envió al Senado (sic). ¿Para eso quiere “dialogar” Acosta?


Martínez dijo que se aceptaba esa propuesta para llegar a un acuerdo, “no vamos para alargar la discusión”, y puntualizó que le interesa también la participación del PRI. Agregó que “espera la fecha y hora para la reunión”. Reiteró que “el punto de partida es si se comparte o no el diagnóstico del gobierno federal sobre Pemex”. ¿Acosta comparte ese “diagnóstico”?


Igual que Paredes (PRI), el panista Rubén Camarillo, secretario de la comisión de energía del Senado dijo que “cualquier acuerdo entre presidentes de partidos tiene que aterrizarse entre los grupos parlamentarios, que serán los que dictaminen la iniciativa”.


López Obrador rechaza la propuesta


La propuesta de Acosta Naranjo fue rechazada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que el único acuerdo posible es que Calderón retire la iniciativa de reforma energética.


AMLO advirtió que no permitirá que nadie “transe” con “los bandidos de cuello blanco, la mafia de la política y con el ladronzuelo de Calderón” en torno a la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex). “El único entendimiento que puede haber en el tema de Pemex es el retiro de las “iniciativas privatizadoras”, expresó AMLO quien dijo que “las cúpulas de PRI y PAN no son confiables, ya que antes se pusieron de acuerdo para aprobar el Fobaproa, desaforarlo, reformar la Ley del ISSSTE, y hoy quieren dar marcha atrás a la expropiación petrolera”.


Insistió en que “No hay diferencia en las cúpulas de PRI y PAN. A esos dos partidos ya los compraron los potentados que impusieron a Calderón; no podemos confiar en ellos”.


La voluntad popular no se negocia


AMLO tiene razón, no hay nada que “dialogar” con los privatizadores de Pemex (y de TODAS las fuentes de energía alternas a los hidrocarburos). Guadalupe Acosta propuso a PRI y PAN “negociar” un acuerdo sobre Pemex, para presentar un proyecto conjunto que no implique privatizar la paraestatal. Acosta se equivoca y excede políticamente procediendo a espaldas del pueblo de México.


Acosta, Paredes y Martínez debían saber que el petróleo y Pemex NO son de los partidos políticos, tampoco son del gobierno, ni siquiera son del Estado. Los recursos naturales energéticos y la infraestructura física correspondiente son de la nación. Ninguno de esos burócratas tiene facultades para “negociar” lo que corresponde a la nación.


Acosta debe retirar inmediatamente su propuesta y abstenerse de hacer torpes señalamientos sobre Pemex. Con su actitud política, Guadalupe provoca al pueblo de México, mismo que está en lucha y movilizado en varias partes del país para IMPEDIR la privatización de Pemex no para “negociarla”.


El PRD, que preside provisionalmente Acosta, ha anunciado que participará en la organización de la consulta ciudadana sobre la reforma energética. Debe proceder cuidadosamente porque la voluntad popular NO se negocia, la Constitución NO se negocia.


Frente de Trabajadores de la Energía, de México

martes, 15 de julio de 2008

Jóvenes y amas de casa, víctimas propiciatorias de un sistema injusto

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

"Hemos descubierto al enemigo: somos nosotros".

Joan Prats

Ocho jóvenes, tres de ellos adolescentes de entre 13 y 15 años, fueron asesinados la madrugada de ayer domingo, en Guamúchil, Sinaloa, dieron a conocer los principales diarios de México. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa informó que del lugar de los hechos fueron recogidos poco más de 300 casquillos de armas de fuego G-3, AR-15, 9 milímetros, y AK-47


Hasta el momento de redactar este apunte, a diferencia de lo acaecido en el antro News Divine de la ciudad de México, ni los presentadores de noticias de las televisoras ni las buenas conciencias de la reacción han procedido al correspondiente desgarre de vestiduras y mucho menos a soliviantar a la opinión pública en contra de las autoridades con motivo del artero crimen perpetrado en Guamúchil. ¿Es que acaso estas alarmantes noticias no merecen la indignación nacional? ¿O es que como sociedad ya nos estamos acostumbrando a mantenernos indiferentes frente al clima de inseguridad que se apodera del país, cuando los reprobables hechos provienen de la llamada “delincuencia organizada”? Salvo, claro está, cuando los medios de comunicación con fines interesadamente políticos, llevando agua a su molino, tocan las fibras más sensibles de los mexicanos fabricando chivos expiatorios.


La violencia que impera en el país dejó la semana anterior 124 muertos en 11 estados. El recuento total incluye los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Durango y estado de México, reduciéndose mediáticamente el fenómeno a un asunto de estadística.


En otra nota, en la edición de ayer lunes del diario La Crónica, se dice que Genaro García Luna, titular de la SSPF declaró que: “Hemos encontrado, más en la industria del secuestro, la participación directa de amas de casa, de las mamás, ya no es sólo el hijo, sino la mamá del hijo que secuestra, custodiando a la víctima”, agregando, “Se dispensa que un hijo se desvíe al alcohol o la droga, ahora la mamá secuestra y esta perspectiva es grave, porque el eje de la sociedad, que es la familia, vive una perspectiva equivocada, diferente y esta es la vertiente que me ha tocado conocer y estudiar”.


Declaraciones estas últimas con las que se pone el dedo en la llaga. La criminalidad ha dejado de ser expresión aislada a combatir por los órganos del Estado encargados de proporcionar seguridad y justicia, constituyéndose en un fenómeno multidimensional generalizado, que amenaza con cubrir todo el territorio nacional. Poniendo al descubierto el alto grado de deterioro del tejido social, y en entredicho la vigencia misma del Estado como tal. Por tanto, un problema estructural multisectorial de orden político, que no se puede ni debe combatir únicamente con el uso de la fuerza. Más considerando que la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la impunidad no le son ajenas al fenómeno delincuencial, en tanto contribuyen a la falta de credibilidad en las instituciones tradicionales frente a una realidad agobiante, que excluye de expectativas de desarrollo a cada vez más amplias capas de la población.


La sociedad mexicana vive una severa crisis de pérdida de valores, que se debe reconocer para actuar en consecuencia en todos los órdenes de la vida cotidiana. Cuando la criminalidad permea ya en la juventud, generando víctimas y victimarios entre adolescentes, amas de casa, madres de familia, que renuncian a su deber para con sus hijos y la sociedad, solidarizándose activamente con los delincuentes, sin que ello sea motivo de indignación nacional, debería ser un grito de alerta y un llamado de atención lo mismo para quienes gobiernan este país que para la ciudadanía toda.


México se nos deshace entre las manos y las autoridades, en los tres órdenes de gobierno, insisten en que todo va bien. La mira de la clase dirigente está puesta en como deshacer el nudo gordiano del estancamiento económico en un modelo de desarrollo agotado, ocultando la realidad bajo el manto del triunfalismo mediático. No se puede seguir por este camino. No cuando el desempleo y la desesperanza orillan a los jóvenes y a las amas de casa a la muerte o delinquir, siendo víctimas propiciatorias de un sistema injusto, cuya única motivación es generar pantagruélicas riquezas para unos cuantos a costa del sacrificio de las mayorías.


pulsocritico@gmail.com

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Contienen policías marcha de campesinos hacia Xalapa


Policías antimotines de Veracruz impidieron que unos 3 mil integrantes de la Alianza Indígena Campesina y Popular de Veracruz llegaran al centro de Xalapa, donde pretendían instalar un plantón. Foto: Sergio Hernández Vega, La Jornada

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Mega subsidio a la agricultura de EEUU: mala noticia para el campo mexicano

Hay malas noticias para el campo mexicano. El Congreso de Estados Unidos recientemente aprobó la Ley de Agricultura, Nutrición y Bioenergía de 2008, conocida como Farm Bill. El 15 de mayo pasado los legisladores de ese país autorizaron un presupuesto de casi 300 mil millones de dólares para programas agrícolas y de ayuda alimentaria hasta el año 2012. La nueva legislación aprobó también 23 mil millones de dólares por concepto de ayudas para asegurar las cosechas. Mientras la inmensa mayoría de los productores mexicanos –y del resto del mundo– deben afrontar solos la incertidumbre del mal tiempo o de las plagas o, si tienen suficiente capital, contratan con su dinero seguros para resguardarse de posibles desgracias, los agricultores estadunidenses recibirán de su gobierno los recursos para hacerlo.

Luis Hernández Navarro (La Jornada)



lunes, 14 de julio de 2008

Noticias del sur: Soberanía alimentaria

“Soberanía alimentaria es un derecho fundamental de los pueblos. Es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autodependientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del ‘dumping’.


Los alimentos no son una mercancía más y el sistema alimentario no puede ser tratado con la exclusiva lógica del mercado.


Constituye una falacia el argumento de que la liberalización del comercio garantiza el derecho a la alimentación de las personas. La liberalización comercial por sí misma no posibilita necesariamente el crecimiento económico y el bienestar de la población.


La soberanía alimentaria únicamente es posible conquistarla, defenderla y ejercerla a través del fortalecimiento democrático de los Estados y de la auto organización, iniciativa y participación de toda la sociedad. Se requieren, en este sentido, políticas de Estado de largo plazo, una efectiva democratización de las políticas públicas y la construcción de un entorno social solidario.

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