JUAN ANTONIO NEMI DIB / Cosas Pequeñas.- La universidad pública no debiera ser un coto hermético y reservado a sus integrantes ni un gremio estanco con privilegios para sus socios y, menos todavía, un ente autárquico sin obligaciones para con la sociedad que, al menos en teoría, la mandata. El origen fiscal de los fondos que sostienen a la universidad pública pero sobre todo las capitales funciones que le corresponde desempeñar en beneficio de la sociedad a la que se debe, convierten a cualquier institución pública de educación superior en asunto de interés público.
En Veracruz, la Constitución es muy clara: “La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior... tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación, y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrará libremente su patrimonio…”.
En ninguna parte dice que esas facultades la eximan de rendir cuentas, de actuar con rigurosa transparencia, de cumplir metas precisas, de usar con acierto y eficacia los fondos, de medir objetivamente sus resultados a partir de las necesidades sociales que debe satisfacer, así como propiciar su propio crecimiento y desarrollo, orientado siempre a la comunidad y no únicamente a sus alumnos y empleados. Tampoco sugiere que pueda o deba ir a su aire, sin tomar en cuenta los requerimientos educativos generales del Estado y/o apartándose de plano de las políticas oficiales en la materia.
Más claro: lo que la sociedad necesita de su Universidad no siempre coincide con las expectativas y demandas de los estudiantes ni con las de los trabajadores o directivos universitarios. Lamentablemente, no son pocas las veces en que una interpretación ramplona y simplista del concepto de autonomía universitaria convierte en “intromisión” y “agresión” las opiniones y cuestionamientos que se hacen desde fuera de la Universidad. Es una actitud perniciosa por antidemocrática y porque permite autocomplacencia y abusos. Siguiendo la teoría burocrática weberiana, esa cerrazón defensora de una autonomía a ultranza presupone que la Universidad sólo tiene que ver para dentro de sí misma y permite que se privilegien intereses individuales de algunos miembros de la comunidad universitaria, por encima y a veces en contra del interés general.
Una cosa es la inmoral e injustificada intromisión desde el poder o desde los grupos de interés en la vida universitaria en aras de objetivos pervertidos o disputas parcelarias y otra muy diferente es el derecho legítimo de cualquier ciudadano a indagar y cuestionar a la universidad pública y a los universitarios que, por cierto, desde el rector hasta el jardinero eventual, pasando por investigadores, maestros y administrativos, son servidores públicos y como tales debieran tratarse, evaluados y considerados sin matices, como sujetos de responsabilidades administrativas.
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