La decisión del gobierno de facto de Felipe Calderón de imponer a México el jueves 23 de abril una alerta sanitaria exagerada frente a la aparición del que en su origen se llamó virus de influenza porcina, no ayudó mayormente a proteger la salud de los mexicanos, y luego de dos semanas la demagogia oficial ha entrañado graves consecuencias para el país, por lo que ante la inconformidad de diversos sectores el gobierno ha tenido que dar marcha atrás en su iniciativa.
1. El retorno a la normalidad de la vida colectiva fue decretado el lunes 4, echándose atrás luego de varios días de cuestionamiento sobre las cifras de las víctimas (el jueves 27 eran 149 muertos y ayer sólo 29), el carácter del virus, que se decía incurable y más tarde se reconoció que se cura, la inutilidad de las medidas de control social, y los estragos que las acciones del gobierno generaron a la vida económica.
2. Los hechos son más claros a las dos semanas de haber decretado el gobierno de facto su alerta y ahora se conoce que manipuló las cifras y trató de engañar. Nada ejemplifica mejor lo acontecido que el patético espectáculo que dio Calderón el miércoles 6 injuriando a los gobiernos de varios países porque tomaron en serio las informaciones demagógicas que virtió sobre el que se rebautizó como virus A/H1N1 o de la influenza humana y que en otros países llaman ya el mexican flu.
3. Luego de la alerta emitida, antes que brindar a la población el apoyo de la infraestructura médica del Estado, que se halla en extremo disminuida al seguir los panistas desmantelando al IMSS y al ISSSTE, el gobierno de facto lanzó una campaña para atemorizar a los mexicanos exigiéndoles con lógica neoliberal que se cuidaran ellos mismos, usando un tapabocas que nada más servía para generar una imagen visual, con una campaña de terror pocas veces vista, al grado de que un buen número de especialistas se empezaron a interrogar si lo que estaban buscando Calderón y sus amigos con el pretexto del virus no era un objetivo político.
4. El señalamiento más grave hecho a Felipe Calderón en estos días no es, por consiguiente, el de la ausencia de una política sanitaria y de salud en su gobierno, el de la inexistencia de un sistema de prevención en materia de salud o el del abandono a que está llevando a la investigación científica, y ni siquiera el de su ineptitud ante la situación que él generó, sino el derivado del origen de su propia iniciativa: de lo desproporcionado de las medidas impuestas frente a la naturaleza de un mal que nunca fue una epidemia, ni mucho menos una pandemia, como pretendieron él y sus colaboradores, enredados en la manipulación de las cifras y en el ocultamiento de la información, lo que evidenció muy pronto para muchos que se trataba de un plan premeditado con finalidades políticas ante la coyuntura electoral, aflorando así una posible responsabilidad política y jurídica de Calderón y de varios de sus colaboradores.
5. La supuesta influenza porcina no desnudó al país, sino al régimen y sus manipulaciones. El diagnóstico equivocado del gobierno espurio ante el problema y las erróneas políticas que impuso habrían sido consecuencia, según sus defensores, de la información equivocada entregada por las instancias de salud, y no de la mala fe, como se empeñaron en decir los comentaristas de Televisa en Tercer Grado el miércoles 6, pero las evidencias van en otra dirección: la campaña desmesurada de amedrentamiento, según se ha señalado, fue urdida por el enviado del Partido Popular español, Antonio Solá, gurú de Calderón, y su objetivo habría sido doble: a) fabricarle una imagen de autoridad al gobierno panista para justificar con base en encuestas el fraude electoral en julio, y b) llevar a cabo un ensayo de control de la población en términos totalitarios.
6. El decreto de Calderón para darse un marco seudojurídico a fin de enfrentar la situación, publicado en el Diario Oficial el 25 de abril (pp. 2-4), da pistas de lo que buscaba el gobierno espurio en estos días, pues no sólo no hubiera servido para combatir una epidemia de haber ésta existido, sino que es anticonstitucional y no hizo más que mostrar el talante fascistoide de los panistas. Fundándose en el hecho de que la Constitución prevé que la autoridad sanitaria será ejecutiva para dictar medidas preventivas, ante lo que llamó en esa fecha un nuevo tipo de virus, que se habría propagado en la ciudad de México y sus alrededores causando al menos 20 muertos, y que afirmaba no es el habitual de la influenza estacional, sino mutante de un virus que tiene origen porcino, Calderón se otorgó la facultad de violar domicilios, de cancelar el derecho de reunión y de suspender de hecho otras garantías individuales, sin obedecer al principio del 29 constitucional de que esto no puede hacerse, sino mediante una ley votada por el Congreso.
7. El gobierno espurio pretendió enfrentar la situación mostrándose como un poder eficiente, pero Calderón y sus amigos se equivocaron desde un principio, cometiendo todo tipo de torpezas que los exhibieron como un grupúsculo reaccionario e improvisado que buscaba manipular los datos con propósitos políticos, tratando de aparecer como los salvadores del pueblo sin darse cuenta de que estaban atropellando derechos y ocultando la información. El carácter absurdo de las medidas tomadas, que contrastaba con la respuesta de los demás países con casos similares, no hizo sino evidenciarlos más.
8. La medida de suprimir las actividades públicas, desde espectáculos hasta restaurantes, aunada a la exigencia a todos de desconfiar de los demás como supuestos portadores de un virus mortífero y de encerrarse, obligó a los mexicanos a enclaustrarse cautivos del duopolio televisivo que se erigió, en fin, una vez más, como el verdadero poder, portador de la verdad.
9. El daño hecho a México por Felipe Calderón, cualquiera que haya sido la maquinación tras la decisión, es gravísimo y no se podrá reparar distribuyendo 27 mil millones de pesos del erario como estímulos a los empresarios o como embute electoral a los trabajadores. La crisis económica que se ha agravado, el desastre en la porcicultura (que ha perdido 2 mil millones) y en la industria turística, el destino de los mexicanos en el exterior, la credibilidad de México en el mundo y el empobrecimiento de las mayorías son el resultado de toda esta serie de acciones perversas del gobierno que no puede quedar impune.
10. En una democracia se haría una investigación rápida y eficaz sobre las responsabilidades oficiales en tan turbio asunto, pero aquí existe el riesgo de que el episodio no quede más que como un precedente de que la extrema derecha hecha gobierno puede manipular impunemente al pueblo.
Tomado de: La Jornada 08/04/09
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