Yucatán, triunfo Pírrico del PRI

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

En el marco de una incipiente y ya pervertida democracia representativa, todo es posible, incluso el perder ganando.

Tras divulgarse los primeros resultados obtenidos en la encuesta de salida, Beatriz Paredes 45 minutos después de cerradas las casillas, ya festinaba el triunfo de la candidata de la gobernadora de la entidad a la alcaldía de Mérida, dando por sentado que la victoria de Angélica Araujo Lara con el 52.7 por ciento de la votación por sobre el 37.3 a favor de la abanderada panista Beatriz Zavala Peniche, “era irreversible”.

Ya con actas en mano, la dirigencia estatal del PRI en rueda de prensa dio a conocer que con el cien por ciento de actas computadas su candidata a la alcaldía de Mérida, ganaba con 155 mil 367 votos, contra 141 mil 111 votos de la candidata del PAN, Beatriz Zavala Peniche. Una diferencia de apenas 14 mil 256 votos a favor de la favorita de la gobernadora.

Aceptando sin conceder que el triunfo anunciado efectivamente fuera irreversible, el priísmo después de 19 años recuperaría Mérida, “joya de la corona” y, de hecho, capital económica del sureste mexicano.

Sin embargo, no puede hacerse de lado que tal manifestación de triunfalismo anticipado, en un municipio en el que una mayoría días antes de los comicios ya otorgaba la victoria a la candidata panista, se presta a diversas lecturas y a no pocas interrogantes.

¿Realmente el PRI contó con la mejor carta para la alcaldía? ¿Los meridenses confían ciegamente en su gobernadora de extracción priísta? ¿El PRI, a nivel nacional y en Yucatán, es la mejor opción para frenar el deterioro social y económico propiciado por la administración calderonista?

Corresponderá a los meridenses reflexionar y sacar en su momento conclusiones sobre este fenómeno, aunque ya también con carácter anticipado, linealmente y sin mayor análisis muchos coinciden en atribuir el triunfo oficialmente aún no confirmado, a una “elección de estado” apoyada por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, sus “mapaches” y recursos materiales y financieros presumiblemente proporcionados a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco para inclinar la balanza a favor del PRI.

A mi juicio, otros factores ajenos a la entidad, a su correlación interna de las fuerzas políticas, y a la confrontación exacerbada de escuderos al servicio de los poderosos poderes fácticos regionales, pudieran haber incidido para la vuelta de la tortilla. Entre otros, el miedo, pudiéndose atribuir el éxito electoral del PRI, en una ciudad tradicionalmente conservadora, amante de la paz, y con expectativas reales de mejoramiento de calidad de vida, al impacto sobre las clases medias del presunto plagio del ex candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos, que exhibiera horas antes del sufragio a la administración de Felipe Calderón Hinojosa y al panismo, como incapaces de brindar seguridad a la ciudadanía, así como también incapaces de ofrecer caminos ciertos para un crecimiento económico y desarrollo compartido en un clima de concordia, y paz social. Si esto es así, podría haber pesado más la percepción coyuntural del votante frente a la urna, que 19 años de una evidente y exitosa administración panista en la capital de Yucatán.

Influencia mediática y percepción cortoplacista inducida que, a mi manera de ver las cosas, en el mediano y largo plazo no modifica en lo sustantivo convicción ideológica y pragmatismo de la sociedad meridense que, a su manera, se defiende con éxito de la crisis económica, del desempleo y de la incertidumbre social. Lo cual pone en entredicho las expectativas triunfalistas del PRI y su nueva generación de políticos ajenos a la dinámica histórica de Yucatán. Hoy por hoy, tendría que gobernar a una población predominantemente urbana, participativa, exigente pero a su vez dividida, desigual, polarizada, renuente a aceptar el discurso demagógico, la promesa fácil, la improvisación y la corrupción impune, tan propia del priísmo.

Todo un reto, que bien podría significar para el PRI el ganar Mérida hoy para perder Yucatán en el 2012. Un triunfo pírrico que las y los meridenses sabrán ubicar en su justa dimensión pero que, de ninguna manera, tal experiencia debería extrapolarse a Veracruz como algunos pretenden haciendo cuentas alegres por anticipado. Nuestra realidad y circunstancia es otra y no cabe ni se acepta más triunfalismo sin sustento.

En Yucatán la contienda se dio de manera polarizada entre el PRI y el PAN, sin mayor interferencia por parte de una oposición de centro izquierda en tanto que, en Veracruz, con mayor pluralidad, el 60 por ciento a lo más del padrón electoral tendrá que repartirse entre tres coaliciones que abarcan todo el espectro político electoral. Esta simple diferencia cuantitativa pudiera dar lugar a sorpresas no esperadas el próximo cuatro de julio. No anticipemos vísperas.

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Más dinero, más policías, más soldados en las calles, no es la respuesta

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Fidel Herrera Beltrán: “En medio de condiciones muy difíciles de carácter recesivo Veracruz sigue creando empleos; Veracruz vive y combate pobreza, marginación, hace inversiones”.

Que bueno, podríamos estar peor.

El conjunto de propuestas que formulara el Lic. Alejandro Montano Guzmán ante una nutrida audiencia en el desayuno mensual de la agrupación “Entidad Plural”, en la capital de Veracruz, destaca en la medida en que el aspirante a diputado federal plurinominal por el PRI, son las primeras en las campañas electorales en puerta que intentan abordar de manera integral la compleja problemática que tiene postrado al país.

Se puede o no estar de acuerdo con lo propuesto por el también Director General del diario Milenio El Portal, pero el esfuerzo por resumir y exponer públicamente su visión sobre el presente y futuro de la Nación, tiene su mérito ante la ausencia casi total de ideas y propuestas de candidatos de los diversos partidos a la diputación federal en Veracruz.

Antepongo que se puede estar o no de acuerdo, en la medida que, con base en su experiencia personal al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración del Lic. Miguel Alemán Velasco, su visión de la problemática actual le lleva a colocar el tema de la seguridad y la guerra contra la delincuencia organizada, como el eje central de sus propuestas. Reduciendo el renglón de la economía y el desarrollo social a segundo término, tocándole con presuntas respuestas de orden legal, fiscal, presupuestal y de técnicas parlamentarias, evadiendo el principal y de más urgente solución tema de la crisis política que vive el país.

Cuando afirma que: “La crisis económica si bien se generó en el exterior, se reforzó en el interior porque no hemos logrado avanzar en las reformas estructurales que le hacen falta al país”, parte de una premisa falsa en su análisis en tanto la crisis concurrente es sistémica, globalizada e interdependiente; su origen no tiene un lugar geográfico específico y su conformación y explosividad es consecuencia de las contradicciones del sistema a escala planetaria. Incurriendo en las mismas limitaciones del análisis panista y evadiendo el hecho de que en el momento mismo en que los gobiernos priístas uncieron a México al llamado “Consenso de Washington”, se hicieron corresponsables de la crisis generalizada del capitalismo en su actual etapa neoliberal.

El no considerar el contexto más general de la crisis económica mundial da lugar a caer en recetas manidas de respuesta, como el proponer implícitamente “reformas estructurales” neoliberales, poniendo más lumbre a la hoguera.

Sin un proyecto claro de Nación, liderazgo, unidad nacional y rumbo cierto, que nos aleje del modelo neoliberal, dado ya como agotado por los organismos financieros internacionales más paradigmáticos de la época, poco puede aportar un poder legislativo secuestrado por una partidocracia insensible, que no sea el seguir profundizando en el proceso de privatización de la riqueza nacional, desigualdad, pobreza, y entrega de la soberanía al capital extranjero. El problema toral del país es político y, por tanto, las crisis concurrentes (económica, financiera, de seguridad pública, de procuración de justicia, de educación, de salud, alimentaria, y de representatividad y credibilidad), que frenan el desarrollo del país y califican al Estado- Nación como fallido, exigen respuestas políticas que no se dan. Tibiamente el senador Manlio Fabio Beltrones hace mención a ello y habla de la necesidad de avanzar en la Reforma del Estado.

Paradójicamente la clase política no lo quiere ver así. Quizá por ello tanto el PAN como el PRI coinciden en hacer del combate militar y policiaco al crimen organizado, cortina de humo tras la que se oculte su falta de voluntad de cambio de rumbo y su desinterés por atender lo que para las grandes mayorías en su orden de prioridades básicas de supervivencia y bienestar, es urgente y necesario.

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El Salvador: la esperanza venció al miedo

Veintiocho años después, y 16 de firmados los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra, el FMLN será gobierno de la mano de Mauricio Funes, su presidente electo, quien tendrá en la vicepresidencia a Salvador Sánchez Cerén, ex miembro de la Comandancia General de la guerrilla y consecuente luchador revolucionario de la estirpe de Schafik Handal.

Armando Orama León: El turno del ofendido

Ángel Guerra Cabrera

La elección de Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador es una resonante victoria del gran movimiento social nucleado en torno al postergado anhelo mayoritario de justicia social y libertad. Su gran mérito consistió en doblar el brazo al búnker derechista-oligárquico que detenta el poder en El Salvador desde el siglo XIX y ha constituido uno de los regímenes más reaccionarios, corruptos y represivos de América Latina. El mismo que ahogó en sangre el levantamiento campesino de 1932 y ha incumplido lo sustantivo, social y político de los acuerdos de paz. Cabe recordar que los rubricó al no poder derrotar la rebelión armada de los 80 no obstante la masiva ayuda militar que recibió de Estados Unidos. Integrado por los ocho grupos empresariales que controlan el poder real, intentó cerrarle el paso al candidato popular echando mano a cuantiosos recursos financieros, públicos y privados, y a la coerción económica y política apoyada en una feroz campaña de terrorismo mediático. Pero como afirmó Funes al proclamar su victoria, esta vez la esperanza venció al miedo.

El presidente electo, un prestigioso periodista crítico de los gobiernos del ultraderechista Arena, fue abanderado candidato por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que agrupa a combatientes y simpatizantes de las ex organizaciones guerrilleras así como a numerosos luchadores sociales de generaciones recientes. El FMLN fue constituido como partido político paralelamente a la firma de los acuerdos de paz de 1992. Desde entonces ha pasado la difícil prueba de reconvertirse en una organización capaz de disputar el gobierno a la oligarquía por vía electoral al tiempo que enfrentaba la confusión ideológica propiciada por el desplome del llamado socialismo real y el mismo impacto sicológico del fin negociado al conflicto sin poder alcanzar los objetivos de la guerrilla.

En esa etapa logró ser un referente de la lucha contra las políticas neoliberales, la defensa de las causas populares y la solidaridad latinoamericanista bajo la conducción del extinto Schafik Handal. Ésta es la cuarta oportunidad en que competía por la presidencia en un proceso en el que ha conseguido cada vez más caudal electoral y puestos electivos. Funes tiene un excelente programa de gobierno surgido de una consulta nacional con las bases populares y otros sectores (www.fmln.org.sv/fmlnORG/archivos/file/2008/gobierno%20del%20cambio.pdf). Enfatiza la responsabilidad del Estado en asegurar el derecho del pueblo a la educación, la salud, la cultura, la ciencia, el deporte, la alimentación, la equidad de género así como en la orientación de la economía. Reivindica los derechos de los pueblos indígenas, prioriza la creación de puestos de trabajo e insiste en la unidad e integración de América Central y el Caribe como parte de ese empeño mayor para América Latina. Busca sacar al campo de la postración e impulsar la economía mediante el estímulo a la empresa privada nacional, sobre todo pequeña y mediana, y asegura que impedirá nuevas privatizaciones de los servicios públicos. Promete un gobierno sensible a las necesidades populares y combatir la corrupción.

Cumplir estas metas demandará un esfuerzo extraordinario de movilización popular y negociación con las demás fuerzas políticas y el empresariado pues el nuevo presidente no tiene mayoría parlamentaria ni representación en el sistema de justicia, controlado por la derecha al igual que los mandos del ejército, las fuerzas de seguridad y gran parte del aparato del Estado. Además, la economía depende mucho de la de Estados Unidos, a la que está atada por un Tratado de Libre Comercio, y de las remesas que de allí envían sus naturales, casi la mitad de la población.

El pueblo salvadoreño se levantó en armas por la intolerable inequidad social y opresión política que sufría. Después de la firma de la paz fue aún más hundido en la pobreza y la miseria por el neoliberalismo y las secuelas del conflicto armado. Los acuerdos de paz proporcionaron un espacio político que, por limitado que fuera, nunca antes había existido.

El FMLN aceptó el desafío y hoy llega a la presidencia apegado, como proclamó Funes, a la opción preferencial por los pobres de nuestro obispo mártir Arnulfo Romero. Merece y recibirá seguramente la solidaridad de los gobiernos progresistas y los pueblos de América Latina.

La Jornada 19/03/09

Soledad Loaeza: Si el PRI regresa...

Hasta ahora, buena parte de las encuestas de intención de voto para el año que comienza prometen al PRI una mayoría legislativa; es probable que también retenga las gubernaturas de Campeche, Colima, Nuevo León y Sonora, e incluso que recupere Morelos.

Si estos resultados se confirmaran, estaríamos ante una prueba contundente de la desilusión mexicana con la democracia. El regreso del PRI no sería un episodio más de alternancia en el poder, sino la expresión del desencanto con una experiencia que los priístas esperan que quede reducida a la condición de mero paréntesis. Podrían interpretarlo de esa manera porque es muy poco lo que han hecho para cambiar. Su partido es el mismo de antes de 2000; las caras son las mismas, incluso entre los más jóvenes, que en lugar de abrir las ventanas, sacudir y barrer la casa, se han limitado a asumir los usos y costumbres de sus mayores, y ahora se les parecen tanto que son viejos prematuros. Enrique Peña se parece cada vez más a Joaquín Gamboa Pascoe, y Humberto Moreira a Carlos Jonguitud.

Tampoco han variado las prácticas de los priístas; peor que eso, el clientelismo y el patrimonialismo que en el pasado representaban la imagen de marca del PRI hoy en día son recursos generales a los que acuden todos los partidos, al igual que el pandillerismo con que pretenden resolver conflictos internos, como ocurría en los años 50, y como hicieron los adversarios de Patricia Mercado que ahora administran el Partido Socialdemócrata. Y si de ideas hablamos, las posturas de los priístas obedecen más a cálculos estratégicos que a objetivos precisos de gobierno y de administración.

No son pocos los ejemplos de encuestas cuyas predicciones resultan equivocadas, pero si el PRI regresa no traerá consigo ninguna certidumbre, a pesar de que su triunfo sería en buena medida producto de la desesperación ciudadana ante las intolerables incertidumbres que nos aquejan. Muchos de los que defienden este regreso aspiran a la predictibilidad del autoritarismo; se han olvidado del hartazgo con las incompetencias y la corrupción, de las crisis económicas que la destruyeron o de las complicidades criminales que sustentaban el orden público; aceptan, sin pensarlo mucho, la cantinela de que los priístas sí sabían hacer las cosas. Es decir, los hoy simpatizantes del PRI promueven la restauración no sólo de un partido, sino de todo un arreglo político, una de cuyas piezas centrales era el partido. Sin embargo, no se les ocurre exigirle que haga las reformas a que lo obligaban, primero, los escándalos de los 80 y de los 90, luego, la derrota, la competencia partidista y la emergencia de votantes activos.

Quienes ahora apoyan al PRI como un mal menor y sin mayores condiciones están favoreciendo a las corrientes más conservadoras de ese partido –que son también las más oscuras e inquietantes– y pierden de vista que, contrariamente a lo que esperan, la restauración sería desestabilizadora porque el antiguo partido hegemónico regresaría al poder en un entorno político muy distinto al del México de la segunda mitad del siglo XX.

Los dos soportes centrales del predominio priísta eran el Estado y el presidencialismo, y ambos han experimentado transformaciones profundas que difícilmente podrían ser revertidas. El fortalecimiento de los intereses privados y el ascenso de los gobernadores son dos de los factores que limitan el poder del gobierno federal y de las comisiones reguladoras y, por otro lado, el presidencialismo ya no es lo que era. Desafortunadamente, el accidentado paso del enamorado Vicente Fox por Los Pinos le causó más cambios que la democracia, al menos en términos de las percepciones públicas, porque demostró que para ser presidente no se necesita siquiera un certificado de sanidad mental. No en balde uno de los primeros cometidos del presidente Caderón ha sido la reconstrucción de la dignidad de la institución presidencial que despedazó la frivolidad del foxismo.

Si el PRI regresa e intenta restablecer una estructura centralizada del poder, como es previsible, en vista de que no hay señales de que haya aprendido otra cosa, habrá conflictos con los demás partidos, con los gobernadores, entre los gobernadores, con los legisladores, entre los legisladores, por mencionar sólo algunos. La ambicionada certidumbre estaría todavía más lejos de nuestro alcance.

El regreso del PRI no sería una restauración, sino el estrepitoso final de ese partido que hemos estado esquivando durante casi una década.

La Jornada. 08/01/09

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Acuerdo cupular nacional en favor de la economía familiar y el empleo. El aterrizaje, asignatura pendiente

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

En su tercer intento por conectarse con la realidad marcada por la crisis global, el gobierno federal, tras reconocer explícitamente la profundidad de esta, con el acuerdo nacional de 25 puntos para afrontar los efectos del “catarrito” es de reconocerse logra niveles de congruencia y acierto en relación a las demandas sentidas de amplios sectores de la población, que han generado, cuando menos, consenso entre los diversos actores de la vida política y económica de México. Obteniendo Calderón Hinojosa, incluso, la temprana felicitación de la Organización Mundial de Comercio y Desarrollo (OCDE), por las políticas públicas concertadas.

Como era de esperarse, no a todos satisfizo del todo el acuerdo nacional logrado, en la medida en que este ha sido cupular, orientado más a proteger y fortalecer al capital y a la economía formal, bajo el pretexto de proteger el empleo, pasando por alto aspectos tan importantes para coadyuvar en la defensa de la economía familiar como el poder adquisitivo del salario, el control de precios de la canasta básica y el freno al alza del diesel, energético que incide de manera determinante en el transporte de personas y mercancías, así como en el precio final de bienes y servicios. El propio Secretario de Hacienda reconoce que la prioridad está puesta en mantener a flote a la actividad exportadora frente a la caída del consumo de los estadounidenses, manteniendo el equilibrio macro económico más no impulsando el crecimiento general de la economía.

Para algunos analistas y politólogos, como Porfirio Muñoz Ledo, el acuerdo nacional se queda corto, “es pobre y timorato” señala; no obstante, dados los antecedentes destaca el que en esta ocasión se pretenda afrontar el efecto de la crisis de manera integral, señalándose el que, el como, el cuando y con quién instrumentar las medidas anunciadas, lo que ya constituye un gran avance.

Pero también, con base en experiencias previas, si bien cabe otorgar el beneficio de la duda al acuerdo nacional adoptado no es tiempo de echar las campanas a vuelo, pues no por ello se resuelve el problema de la incertidumbre respecto al aterrizaje de lo anunciado estando ya el país en plena efervescencia electoral, así como de la capacidad y voluntad política de servidores públicos para, superando la clásica improvisación y despilfarro de recursos, se pueda dar cumplimiento en tiempo, forma y eficacia a lo acordado. A lo que habría que sumar que, por lo que respecta a los principales actores de la vida económica y política del país, ni están todos los que son, ni son todos los que están, pues es un hecho que la clase empresarial y su contraparte política, no responden necesariamente al unísono al interés nacional o al interés de los más de 40 millones de mexicanos excluidos social y económicamente a lo largo de los últimos seis lustros de políticas neoliberales.

Con relación a estos últimos, sobreviviendo en condiciones de pobreza o pobreza extrema como eufemísticamente se le llama a la miseria, el acuerdo nacional no contempla nada para su rescate ó, como en el caso del decálogo veracruzano para paliar los efectos de la crisis, se circunscribe a generalidades e incrementos de presupuestos y acciones asistencialistas de coyuntura, que no apuntan a una solución real y de fondo a los orígenes de la desigualdad y la pobreza.

Será el tiempo el que diga la última palabra, con la salvedad de que México no puede darse el lujo de fracasar en este nuevo intento calderonista. Lo que está en juego es la supervivencia de millones de mexicanos.

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