Hablando de la soga en casa del ahorcado

Pulso Crítico

J. Enrique Olivera Arce

En colaboración anterior destacamos la contradicción en que suele incurrirse magnificando, por un lado, los resultados de la administración pública de Veracruz y, por el otro, descalificando a la mayoría de los integrantes del gabinete, bajo cuya responsabilidad recae la operación de las políticas de gobierno. No hubo que esperar mucho para que tal percepción fuera confirmada.

Correspondiendo en esta ocasión ponerlo sobre relieve a Reynaldo Escobar Pérez, Secretario general de Gobierno, quién con pleno conocimiento de causa y descubriendo el hilo negro, hablara ante la diputación local de la existencia de preocupantes niveles de corrupción en la procuración e impartición de justicia en el estado, precisamente cuando su comparecencia ante los legisladores tuviera por objeto destacar los éxitos y fortalezas de la administración, plasmados en el Tercer Informe de Gobierno del Maestro Fidel Herrera Beltrán, y no sus flaquezas.

Reynaldo Escobar Pérez, incurrió así en la misma contradicción que ya hemos señalado. Dando pie a una nueva andanada de especulaciones y descalificaciones. Si el funcionario en cuestión sabe a ciencia cierta de la existencia de actos de corrupción e impunidad en la procuración e impartición de justicia en Veracruz, su obligación era y es denunciar tales ilícitos, informando previamente al titular del Poder Ejecutivo.

Más, cuando es del dominio público que no se puede ser un abogado litigante exitoso, si este no se pliega a los “usos y costumbres” de la burocracia encargada de la procuración e impartición de justicia. Escobar Pérez, lo ha vivido en carne propia y tiene los pelos de la burra en la mano, por lo que no es aceptable que pudiera evadir el conocimiento de causa, apoyando su dicho simplemente en habladurías. Dos connotados abogados, el Procurador y el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, salen a la palestra, aceptando en principio que la procuración e impartición de justicia en la entidad padece de corrupción y propicia la impunidad, quedando mal parado el gobierno fidelista.

Correspondiendo al propio titular del ejecutivo, cuidarse de aclarar que el fenómeno de la corrupción no es nuevo, que se viene arrastrando como rezago de viejos tiempos. Sin embargo, el mal ya estaba hecho. No se puede calificar con 10 a un gobierno en el que un funcionario de primer nivel, como es el Secretario General de Gobierno, descalifica al Procurador, que depende del Poder Ejecutivo y, de paso, descalifica al Poder Judicial en su conjunto. La contradicción percibida se confirma. Los medios de comunicación se encargan de poner en la picota a quién aún es Procurador y al ahora ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por no frenar el endémico mal en su oportunidad.

Tras el niño ahogado, ahora se trata de tapar el pozo, anunciando medidas emergentes de combate a la corrupción en la Procuraduría General de Justicia, y exhortando al Poder Judicial a que investigue y erradique la corrupción e impunidad en su área de competencia. Hasta este momento no se ha sabido que el Sr. Secretario de Gobierno contribuya a la limpia, ratificando sus aseveraciones ante la fiscalía correspondiente.