Duarte de Ochoa, Yunes Linares, y la bursatilización

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Terca realidad que siempre termina por imponerse por sobre la ligereza del discurso. No pasó mucho tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera fin al bizantino debate sobre bursatilización y deuda pública en Veracruz. De acuerdo a la declaración de inconstitucionalidad emitida en el caso de Sonora, bursatilizar recursos que el gobierno local reciba de los impuestos y de las participaciones federales, es simple y llanamente deuda pública sujeta a transparentarse y fiscalizarse.

Dictada la última palabra por los ministros de la Corte, cae por su propio peso todo el esfuerzo aplicado en la entidad a tratar de convencer a la ciudadanía de que por ningún concepto con la bursatilización del impuesto a la tenencia de automotores y participaciones federales, se incrementaba la deuda de la administración a cargo de Maestro Fidel Herrera Beltrán.

En muchos casos se podría considerar que el afirmar que bursatilización no es deuda, fue simple seguidísmo con un mucho de oportunismo de quienes por ignorancia así lo manifestaran. No así en el caso del ex titular de la SEFIPLAN que, como bien señalan sus apologistas, es todo un experto en administración y finanzas públicas; obligado entonces por su formación académica y cargo que desempeñara, a expresarse con verdad, antes al contrario, correspondió al ahora diputado federal Javier Duarte de Ochoa ser el más entusiasta defensor de que la bursatilización por donde se le viera no constituía técnicamente de manera alguna deuda pública y así, sin duda, se lo hizo saber al gobernador. Hoy, gracias a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, no sólo se tragará su insistente dicho sino que sienta un precedente de mentiroso, lo que pesará sin duda en su aspiración a gobernar a los veracruzanos.

Precedente negativo que habrán de compartir los diputados locales que con tanto entusiasmo votaran a favor de la aprobación de la iniciativa que diera lugar a las bursatilizaciones, con excepción de Héctor Yunes Landa quien oportunamente pidiera se pospusiera la discusión y aprobación en su caso, en tanto no se conociera el dictamen de la Corte por el caso Sonora. Y más todavía, los diputados de la oposición que se negaran a firmar la demanda de inconstitucionalidad de lo aprobado por el pleno de la Legislatura local tras haber votado en contra.

Lo que ahora estaría en la mesa de debate, es si de acuerdo con el dictamen de la Corte, el gobierno de Veracruz está dispuesto tanto a aceptar que efectivamente se incrementó la deuda pública con las bursatilizaciones y en que monto, así como a reconocer la obligación de transparentar y dar cuenta al Congreso local y a la ciudadanía sobre el destino y resultados de los recursos bursatilizados, o se hará de la vista gorda. Sobre todo cuando está siendo cuestionado su manejo por parte de algunos ediles que, presuntamente, les han dado un destino poco claro y distinto a lo autorizado por la Legislatura.

Debate que por principio ya está contaminado e inscrito en el proceso electoral en marcha. Duarte de Ochoa se ha manifestado pública e insistentemente en contra de un mayor endeudamiento de la administración pública y, bajo ese argumento, justificó el que la diputación federal priísta hubiere votado a favor del incremento del ISR y el IVA contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal para el 2010, en tanto que el director del ISSSTE y aspirante a la gubernatura de Veracruz por el PAN, haya insistido en que con la bursatilización se disparaba la deuda pública del gobierno estatal a niveles nunca vistos.

En uno y otro caso, el Maestro Fidel Herrera Beltrán queda en medio y obligado a manifestarse públicamente al respecto. Si lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para con el gobierno de Sonora, tiene aplicación o no en Veracruz es un tema relevante que debe quedar claro para la ciudadanía.

Veracruz. LXI Legislatura, del servilismo a la ignominia

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

“Más seguro lo comido, ya mañana dios dirá”. Bajo esta premisa se pretende asegurar el cierre exitoso de la administración pública que mediáticamente ha convencido a muchos de una presunta eficiencia y eficacia que ha mantenido a lo largo de casi cinco años tanto finanzas gubernamentales sanas, como un blindaje contra toda adversidad que pudiera llegarnos de fuera bajo los efectos del fenómeno “cucaracha”.

Bajo esta misma premisa, el Maestro Fidel Herrera ejerció un efectivo chantaje poniendo en la balanza la paralización de la economía veracruzana, o el salvador remedio de un cuantioso endeudamiento público bajo la modalidad de eso que pomposamente se ha dado en llamar bursatilización. Capitalizando en su favor indiferencia o ignorancia de la gente común, interesada más en su personal y galopante deterioro de la economía doméstica que en la estrategia gubernamental de tapar hoyos abriendo boquetes.

Pareciera absurdo, si no viviéramos en la surrealista y fiel isla de la fantasía. Sin haber hecho a fondo una evaluación de destino de recursos y resultados del anterior endeudamiento que bajo la misma modalidad, comprometiera en la bolsa de valores el impuesto a la tenencia de automotores, sin más, transitando del servilismo a la ignominia, la LXI Legislatura local se anticipó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobando mediante el clásico mayoriteo, un nuevo endeudamiento por la friolera de 6 mil 800 millones de pesos, que compromete por quince años parte de las futuras participaciones de recursos que la federación está obligada a poner anualmente a disposición de la hacienda pública estatal. Con ello, el gobernador sacrifica el futuro de Veracruz en aras de un incierto presente, obligado a cubrir pasivos cuyo origen carece de transparencia.

Lo curioso del caso es que localmente se aprueba bursatilizar recursos presupuestamente aún no aprobados por la Cámara Baja del Congreso de la Unión para el 2010 y años venideros y que, en su momento, no dejarán de ser federales en tanto no sean recibidos oficialmente por la hacienda estatal.

Lo más lastimoso es el hecho de que 29 diputados locales, avalados por los 21 diputados federales electos de la entidad -en carta abierta publicada en diversos medios impresos-, que en los hechos son más fieles servidores del gobernador que representantes de la voluntad popular, con el mayor desparpajo y desvergüenza, sin mediar consulta con sus electores, levantaran el dedo aprobando hoy lo que para mañana será una carga de grandes proporciones para quienes les toque gobernar a Veracruz en las tres próximas administraciones. Amén de lo que para la ciudadanía en general representará el contar con una hacienda pública estatal de antemano comprometida.

La historia de Veracruz, o la SCJN, en su caso, ya pondrá a la LXI Legislatura local en el lugar que les corresponde

En colaboración anterior ya afirmaba que todos los partidos, sin excepción, pasan por una crisis de representatividad, credibilidad y confianza. Lo mismo se puede afirmar de la mayoría de los diputados, que atienden a consignas partidistas y de los gobernadores y no a quien se deben, los ciudadanos en general, sin distingo partidista. Lo cual por puro sentido común, indica que la crisis del sistema de partidos políticos se hace extensiva al poder legislativo, federal o local, que a los ciudadanos ni les inspira confianza y credibilidad, ni mucho menos se sienten democráticamente representados.

Vaya en estas líneas nuestro respetuoso reconocimiento a aquellos diputados locales que votaran en contra de la iniciativa de Fidel Herrera Beltrán o que, con un mínimo de dignidad se abstuvieran de aprobar el todavía presunto endeudamiento multimillonario.

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Bursatilizar o no bursatilizar, el tema ya es político

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

La polémica en torno al endeudamiento de la administración pública veracruzana cobra inusitada fuerza tras haber anunciado el Gobernador Herrera Beltrán su voluntad de contraer nuevos pasivos mediante la bursatilización a un plazo de 15 años de un porcentaje de las participaciones federales que anualmente recibe la entidad.

No está ya a discusión si la bursatilización es o no endeudamiento. Esta parte de la polémica está superada. Los tenedores de bonos bursátiles exigirán en su momento el capital suscrito y el correspondiente servicio anual de la deuda.

El tema ahora es político y va de por medio la credibilidad a que se ha hecho merecedor el titular del poder ejecutivo estatal.

Para unos la medida anunciada y ya en manos del Congreso local para su revisión y, en su caso, aprobación o desaprobación, constituye un golpe maestro de Fidel Herrera Beltrán para subsanar el déficit presupuestal de la entidad a que dieran lugar los recortes de las participaciones federales y/o un presunto subejercicio por parte de la administración calderonista en aquellos renglones que para el impulso al desarrollo de Veracruz son sustantivos. El anuncio de la revolucionaria medida a adoptar por el titular del ejecutivo no sólo se aplaude, incluso se ha destacado que con ello se contribuye a dar luz al gobierno federal sobre las medidas más convenientes para salir avante del shock que calificado inicialmente como “catarrito”, hoy tiene en jaque a las finanzas públicas de la nación.

Para otros, quizá los menos pero no por ello descalificados para juzgar la conveniencia o no de bursatilizar parte de las participaciones federales que le corresponden a la entidad, el anuncio de la colocación de emisiones bursátiles por 6 mil 800 millones de pesos en la bolsa de valores, a un plazo de 15 años, para subsanar el déficit que impide la conclusión de obra pública iniciada así como la prestación de servicios públicos indispensables para la buena marcha de la sociedad veracruzana, la medida no puede ser sana en tanto que lejos de eliminar gastos superfluos y canonjías fuera de orden, así como buscarse la ampliación de la base tributaria para que la administración fortalezca la hacienda pública, se recurre sin más a un endeudamiento multimillonario. Deuda que sumada a la ya adquirida con la bursatilización del impuesto sobre la tenencia de automotores, gravitará sobre las disponibilidades netas de las próximas administraciones públicas de la entidad en perjuicio de la promoción e impulso al crecimiento económico y desarrollo.

Vale la pena destacar que para los primeros, sin mayor análisis es simple seguidísmo. No conciben que el Maestro Fidel Herrera Beltrán, como cualquier mortal pueda equivocarse en la toma de aquellas decisiones que le competen. Contradecirle no es políticamente correcto, a la par que piensan en el presente y sus intereses mediatos, y no en las consecuencias futuras.

Para los segundos, a la inversa. Lo sustantivo de su crítica apunta a las consecuencias futuras por sobre los presuntos beneficios en el presente, aún a sabiendas de no ser políticamente correcto opinar en contrario a lo dispuesto por el gobernador.

Parafraseando a Vicente Fox, el gobernador propone y el Congreso local dispone. La propuesta está ya en manos de la Legislatura y, atinadamente, el presidente de la Junta de Coordinación política antes que convocar a la bancada del PRI al tradicional mayoriteo, ha declarado su disposición a la consulta y busca del consenso entre las diversas expresiones partidistas que conforman el máximo organismo colegiado de representación popular en Veracruz. Cauta medida, pues de la decisión que tomen los diputados locales dependerá el juicio histórico que habrá de recaer sobre la actual Legislatura, como fuera el caso de la aprobación del adeudo contraído al final de la administración alemanista.

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Emilio Cárdenas Escobosa

DE INTERÉS PÚBLICO

28 de julio de 2009

Un tema que en la entidad parecía bajo control en la arena política, que no en la económica, vuelve al debate público. El manejo de la deuda y la situación de las finanzas en Veracruz retornan a la discusión como resultado de la fuerte crisis por la que atraviesa la hacienda estatal, afectada por el impacto de la debacle económica nacional que ha llevado a la federación a perder cerca de 500 mil millones de pesos en la recaudación fiscal y en los ingresos petroleros, lo que ha desquiciado las proyecciones económicas y obligado a un recorte en el gasto público de 85 mil millones de pesos, con el correspondiente efecto en las participaciones a estados y municipios, donde la hacienda veracruzana resiente pérdidas del orden de los 3 mil millones de pesos.

La situación financiera del estado es complicada. Menudean las quejas de alcaldes sobre la falta de recursos para hacer frente a sus obligaciones. Casi la totalidad de los municipios veracruzanos se encuentran endeudados lo mismo con instituciones financieras que con emisiones bursátiles. De acuerdo con un documento del Departamento de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado, hecho público recientemente, los compromisos económicos de los ayuntamientos superan ya los 2 mil 463 millones de pesos. Situación que ha llevado a casi 100 municipios a presentar solicitudes de préstamo ante el Banco Nacional de Obras y Servicios para poder cumplir con el programa de obras y, además, ha obligado a muchos de estos municipios a iniciar recortes de personal o a anunciar que se reducirán salarios en los mandos de confianza. Todo lo cual revela que la crisis se vive con fuerza en sus administraciones.

Y ahora, en un tema que vuelve a encender las discusiones, se señala, por parte de la dirigencia y de conspicuos militantes del Partido Acción Nacional, que se estaría negociando un crédito de 10 mil millones de pesos para fortalecer las finanzas estatales, que resentirían desequilibrios económicos producto de deudas por gastos en las campañas, según el discurso blanquiazul. Desde luego que esta especie ha sido rotundamente negada por congresistas locales del PRI y por el ex secretario de finanzas y hoy diputado electo, Javier Duarte de Ochoa, quien acusa que es una “mentira y una muestra de desesperación política del PAN ya que no sabe cómo contrarrestar la fuerza y presencia de Fidel Herrera y del Partido Revolucionario Institucional”. Se le achaca en todo caso el problema de las finanzas locales al retraso en el pago de las participaciones federales al gobierno y los municipios de Veracruz. Se culpan unos a otros, mientras los problemas financieros están ahí. Finalmente ni era “catarrito” lo que llegaría al país por la crisis mundial, ni Veracruz era invulnerable.

Lo deseable es que no haya más deuda pública, porque “la entidad reporta una deuda compartida entre estado y municipios -hasta mayo del 2009- de 8 mil 304 millones 800 mil pesos, por lo que se ubica en el sexto lugar nacional con mayor monto. Un incremento sustancial si se toma como referencia la deuda heredada por el ex gobernador Patricio Chirinos Calero en 1999 que apenas fue de apenas 22.6 millones de pesos”, puede leerse en la página web Plumas Libres. Y, ojo, esta cifra se abulta al considerar sobre todo los recursos obtenidos a través de la bursatilización del Impuesto Sobre Tenencia Vehicular que ascienden a 7 mil 145 millones 800 mil pesos.

De acuerdo a la versión oficial, elevada a la categoría de dogma, este monto no es deuda, sino que son recursos frescos llegados al estado para dinamizar la economía y que provendrían de “inversionistas” que al adquirir bonos en la bolsa de valores apoyan así a la entidad, gracias a un moderno instrumento financiero en cuyo uso Veracruz, siempre a la vanguardia, puso el ejemplo al resto del país. Compre hoy y páguese después, o mejor, gaste hoy y mañana…ya veremos. En esa lógica el estado ya no tendría acreedores, sino inversionistas, los cuales, desde luego, y para ser francos, estarían invirtiendo, pero en la bolsa, no en Veracruz.

Como sea, el caso es que sería grave que se cargue nuevamente la cuenta del endeudamiento, aunque, de concretarse, se nos diga que no será deuda y que no se comprometen ingresos futuros. Porque los tenedores de los bonos emitidos en la bolsa, dígase lo que se diga, son acreedores.

La crisis llegó y falta el 2010.

Crónica del Poder 28/07/09