Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
En algunos países europeos en los que el sistema electoral merece a los ciudadanos mayor grado de confianza y credibilidad, el voto en blanco constituye una opción válida para el electorado, habida cuenta de que con ello se manifiesta el rechazo a los partidos políticos o a candidatos que no responden al bien común. La suma de votos en blanco, para la clase política y para el gobierno, es así un claro mensaje de la tendencia de la opinión pública a tomarse en cuenta en la mayoría de los casos.
El voto en blanco en un sistema electoral como el mexicano, carente de transparencia, confianza y credibilidad, a diferencia de Europa, resulta, al igual que el abstencionismo, contraproducente; favoreciendo, por un lado al fraude electoral y, por otro, a los partidos mayoritarios a los que se pretende castigar. De ahí que la propuesta de diversas corrientes que, a través del internet, llaman a sufragar en blanco en la elección de julio próximo, a mi juicio resulta improcedente. Ni sería tomado en cuenta como mensaje de rechazo ni contribuiría a sanear nuestra incipiente democracia. Tanto el gobierno como la clase política en México, cotidianamente hacen gala de insensibilidad y oídos sordos frente a una opinión pública mayoritariamente insatisfecha.
De los males el menor. A mi juicio lo procedente será sin duda votar por el candidato menos peor de entre la mediocridad que se nos ofrece como oferta electoral. Ejerciendo un derecho al que no podemos ni debemos renunciar, así como cumpliendo con la obligación cívica que emana de la Carta Magna cuya plena vigencia exigimos los ciudadanos. A mayor número de votos válidos menor será la oportunidad del agandalle y el fraude electoral. Y si este último se repite una vez más en contra de la voluntad ciudadana, como sociedad tendremos la calidad moral y política para impugnarlo, privando de legitimidad democrática a los triunfadores espurios y la justificación plena para cuestionarlos.
Lo anterior viene al caso considerando que las tempraneras encuestas nacionales sobre la intención del voto, están ya indicando una clara tendencia del electorado a castigar a los partidos políticos, absteniéndose de sufragar o nulificando el voto; estimándose que el sufragio efectivo no rebasaría el 40 por ciento del padrón electoral, en perjuicio de la legitimidad de la representación democrática en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Esto particularmente grave en tanto daría continuidad a la polarización social y política derivada de la elección del 2006, cunado el país exige la unidad de propósitos frente a la crisis.
La protesta o rechazo sin objetivos claros para avanzar no tiene sentido. Más que por el voto en blanco o la abstención, debe apostarse por la participación razonada y consecuente, generando condiciones para, desde abajo y de manera organizada, exigir a la representación popular cumpla con el cometido para el cual es electa.
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