Apunte para Revista Análisis Político/En Perspectiva
J. Enrique Olivera Arce
Coincidentemente, también, con el extemporáneo debate sobre la apertura comercial del sector agropecuario, pactada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo impacto en la gran mayoría de los pequeños y medianos productores, a juicio de connotados expertos y analistas, dará al traste con la agricultura y ganadería premoderna y, con ello, con el modo de producción en torno al cual gira la vida de nuestras comunidades indígenas y campesinas. Debate que, por cierto, ya fue cerrado por anticipado por Felipe Calderón Hinojosa, al avalar en todos sus términos al tratado signado por Carlos Salinas y refrendado por las administraciones de Zedillo y Vicente Fox.
Coincidiendo también con la postura del duopolio televisivo, que minimiza y da por inconsecuente la protesta de los hombres del campo, a la par que concentra todas sus baterías informativas en la necesidad, ya, de que se superen las reminiscencias trasnochadas de la Revolución Mexicana y se aprueben las reformas energética y laboral, como única vía para la inserción exitosa del país en un mundo globalizado aparentemente dominado por las leyes del libre mercado. Y subrayo aparente, porque en el mundo de hoy, lo que priva es el proteccionismo económico y defensa de los intereses nacionales al interior de las grandes potencias dominantes.
Así, en tanto todo apunta a la culminación de un largo proceso de desmantelamiento del Estado Mexicano, bajo la consigna neoliberal de más mercado y menos Estado, el caso particular de la ya llamada “censura preventiva” ejercida en contra de la más destacada comunicadora de México, da la pauta sobre lo que deberá esperarse de la futura relación de los medios de comunicación masiva con la sociedad mexicana.
Por lo pronto, los propios medios electrónicos de comunicación, no pocos exponentes de la prensa escrita, y las cúpulas empresariales, se han apresurado a aclarar y deslindar diferencias entre libertad de empresa y libertad de expresión, poniendo por delante a la primera, en nombre de la segunda, como un derecho inalienable de la propiedad privada de los medios de producción, en que se sustenta el sistema capitalista que prevalece. Así, para que no quepa duda, se valida la fórmula que coloca al interés privado por sobre el interés público, como norma a acatar por toda la sociedad.
Para muchos, ello constituye una regresión. La realidad es que no es otra cosa que un refrendo sistémico sin cortapisas ni medias tintas, que no admite contestación alguna, en un país en el que el poder real manda, y si se equivoca, vuelve a mandar.
Y aún así, en Veracruz quieren vendernos la idea de que para impulsar y consolidar el desarrollo, el siguiente paso es democratizar la democracia.
Solidaridad con Carmen Aristegui