Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
“Más allá de la simpática y desesperada defensa del joven Mouriño; más allá de que sea o no culpable por tráfico de influencias, lo cierto es que para esos poderes fácticos que son la opinión pública y el árbitro mediático, el señor Juan Camilo Mouriño ya fue juzgado. Y sí, la sentencia dice culpable”. Escribe Ricardo Alemán en su columna de El Universal del 12 de los corrientes, agregando: “¿Que por qué es culpable el señor Mouriño? Y se contesta: “Por lo menos —y a reserva de que las investigaciones oficiales del caso digan lo conducente— por algo que los señores del PAN y del gobierno de Calderón parece que no quieren ver o no quieren entender. Por un asunto de principios que se llama ética.”
Opinión con la que coinciden diversos analistas políticos, cobrando relevancia en tanto que para la opinión pública en efecto, el “hombre fuerte” del presidente Calderón, pierde atributos que deberían ser consubstanciales a su encargo como secretario de gobernación y a su calidad de hombre público: la credibilidad, transparencia y autoridad moral y política.
Casuísticamente, la pérdida de tales atributos, en el marco de la simulación, corrupción e impunidad que caracteriza a la vida política de México, no pasaría más allá de lo anecdótico. La opinión pública en tal sentido ya está curada de espanto, una raya más en el pelaje del tigre. Lo verdaderamente trascendente es la implicación política y de gobernabilidad que el hecho lleva implícita. Querámoslo o no, se inscribe en un escenario en el que está de por medio la legitimidad del titular del poder ejecutivo federal, y el ya de sí bajísimo nivel que ante la opinión pública acusa el sistema de partidos políticos en México.
El estira y afloja, dimes y diretes en el seno del Congreso de la Unión, se aleja de la cosa juzgada ya por amplios sectores de la población; poniéndose en duda la credibilidad y representatividad de diputados y senadores como expresión del sistema democrático que nos rige. La defensa que de Mouriño hacen gobernadores panistas desde la casa presidencial, secundada a tras mano por no pocos diputados, senadores y gobernadores priístas, confirma la profundidad de la crisis de un sistema político anacrónico que ya no aguanta más.
Para Santiago Creel, líder de la bancada panista en el Senado, el tema es jurídico y corresponde a las autoridades judiciales proceder en lo conducente. En este tenor se inscribe la acotada comisión investigadora de la Cámara de diputados que en un plazo de dos meses, de considerarlo procedente, pondrá en Manos de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública las conclusiones a que haya lugar.
Paradójicamente, el mismo Secretario de Gobernación, anticipándose, ya se puso a disposición de las autoridades citadas para que sean estas las que jurídicamente califiquen su posible responsabilidad o lo exoneren, si así en términos de ley ello es procedente. Luego la comisión investigadora del PRIAN y sus satélites, está de más, salvo que su objetivo sea taparle el ojo al macho, evitando crezca la ola mediática en un tema que podría dar lugar a la apertura de la “Caja de Pandora”. Cuando se tiene casa de cristal no se pueden tirar piedras a la casa del vecino.
Para la opinión pública, el conflicto de intereses, el tráfico de influencias, y la opacidad existente en el manejo de la cosa pública, se inscribe en la esfera de la ética y la moral social. Frente a la cosa juzgada, lo jurídico es irrelevante. El “Mouriñogate” es político, incide en el conjunto de la vida nacional, y en este ámbito debe actuarse en consecuencia.
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario