Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
La mayoría de los medios informativos de Veracruz ya juzgaron, condenaron y lincharon al aún secretario de comunicaciones del gobierno de la fidelidad. Marcos Theurel a su vez, con su silencio, da por buena la versión que le pusiera en la picota, evadiendo su justa defensa ante las autoridades judiciales competentes por la agresión física y verbal de que fuera objeto.
Lo destacable del bochornoso episodio, que no pasará de lo anecdótico en tanto el gobernador no decida lo contrario, es el efecto que en la opinión pública causara la crónica periodística de lo insólito de un hecho que cuestiona honorabilidad de un funcionario estatal de primer nivel, la transparencia y legalidad de la administración gubernamental en la asignación de contratos de obra pública, así como deja entrever el tráfico de influencias en favor de amigos fieles y seudo periodistas.
Palo dado ni Dios lo quita. El daño ya está hecho por más que se le quiera componer. De una presunta responsabilidad no investigada ni comprobada del servidor público, de golpe y porrazo se pasó a una percepción generalizada de que algo ocurre en la viña del señor y que, entre otras cosas, da pie a juzgar como creíble lo que desde tiempo atrás era motivo de chismes y chascarrillos en mentideros políticos y tertulias de empresarios: la plena vigencia de la práctica en el gobierno de Veracruz del llamado “diezmo” ¿o triesmo?, en la asignación de contratos de obra pública y adquisiciones de bienes y servicios, incluida la difusión periodística de boletines oficiales.
Nada nuevo bajo el sol. Tal práctica gubernamental en connivencia con empresarios es un secreto a voces que de simple presunción tiende a cobrar carta de naturalidad cuando, a ojos vistas, la opacidad se hace acompañar de filtraciones, rumores, rudimentaria supervisión, así como de precariedad cuantitativa y cualitativa en el control del gasto gubernamental. El hecho de que el gobierno se audite a sí mismo, da pie a conjeturas. Más cuando la responsable de la auditoria gubernamental, sin previa investigación, dice meter las manos al fuego por Marcos Theurel, deslindándolo de responsabilidad alguna por su presunta participación en el cobro del “diezmo” que le imputa su agresor.
Para la opinión pública no existe diferencia entre el que corrompe y el que se deja corromper. Si el agredido presumiblemente tiene cola que le pisen, de igual mal padece el agresor que, para colmo, hace público su papel de trasgresor de la ley. Bajo esta óptica, uno y otro deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias. Guardar silencio para que mediado tiempo se entierre el asunto, ni es sano ni es recomendable para una administración cuyo titular ya va de salida.
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario