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Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
En nota de La Jornada del sábado 30 de los corrientes, los corresponsales L. Chim, A. T. Morales y E. Martínez, , reportan declaraciones del gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdés, afirmando que descarta sumarse a las propuestas de su homólogo de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para que las entidades productoras de hidrocarburos se asocien con Pemex para el aprovechamiento de los remanentes de pozos clausurados, “… porque no tenemos ni los conocimientos ni los recursos para eso”.
En la misma nota se propala la opinión de Fidel Herrera Beltrán, en la que manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta del Jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de convocar a una consulta sobre la reforma energética, porque “el pueblo veracruzano respalda la postura de mi administración”.
De lo anterior se desprende que el gobernador campechano no tiene necesidad de cuestionar si la propuesta del veracruzano se inscribe dentro de los términos constitucionales, o no. Simplemente acepta que la mayoría de los gobiernos de las entidades federativas no cuentan, cuando menos actualmente, con la capacidad técnica y financiera para emprender acciones como las que propone Fidel Herrera. Si esta percepción del mandatario campechano es correcta, la propuesta veracruzana tendría que materializarse en el mejor de los casos, con recursos fiscales federales ó con excedentes petroleros derivados de la operación de PEMEX. Caso contrario, subcontratar con empresas privadas de capital nacional o extranjero, tomando el sesgo privatizador a que hiciera alusión Andrés Manuel López Obrador en su gira por Veracruz el pasado viernes.
Luego la llamada tercera vía ya no sería tal. Y si bien la propuesta del gobernador Herrera Beltrán en principio fuera respaldada por el senador veracruzano, José Luís Lobato, de Convergencia, ello no justifica la afirmación de que el pueblo veracruzano respalda la postura de la administración pública de la entidad en materia petrolera, por lo que no hay necesidad de una consulta popular como lo propone el Frente Amplio Progresista y rechazada de entrada por Acción Nacional.
Una cosa es que los veracruzanos todos estemos absolutamente de acuerdo tanto con que el Estado mexicano, arrastra una vieja deuda social y ecológica con las entidades federativas autonombradas “productoras”, estando obligado a contribuir a subsanar el pasivo ambiental existente y a prevenir mayores daños; o con la consideración de que no es congruente el que en las regiones petroleras subsistan condiciones inaceptables de miseria y marginación.
Otra muy distinta el que en las condiciones actuales de la sociedad mexicana y frente a un tema toral como lo es el del futuro de la industria petrolera nacional, se afirme temerariamente que todos los veracruzanos estemos de acuerdo con una propuesta del gobernador que solo el y su círculo más cercano conoce, y así lo aceptemos sin más.
Como también resultaría temerario considerar que los medios de comunicación reflejan unanimidad en el pensamiento de los veracruzanos, cuando la realidad indica que es al revés: una importante mayoría de la población refleja lo que la administración pública pretende aceptemos acríticamente como verdad absoluta, manipulando a los medios.
La percepción popular y el imaginario que de esta se deriva, es plural. No todas las opiniones son coincidentes no solo en el tema trascendente del petróleo y la necesidad de que su explotación se mantenga bajo el dominio exclusivo de la Nación. También en torno a situaciones no menores, que inciden en la vida cotidiana de las comunidades y que no son compartidas por todos, como el del agua potable, la insalubridad, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la seguridad pública, la protección civil, el desinterés real por el entorno ecológico, entre otros, que se hace acompañar de la percepción de que el gobierno no hace su tarea con eficiencia y eficacia.
De lo que podría desprenderse la idea de que para los veracruzanos resulta de mayor importancia el que la administración pública estatal concentre su atención en lo que está obligado, y no en ocurrencias que si bien no se duda sean bien intencionadas, no guardan congruencia con una realidad en la que prevalece la restricción de recursos presupuestales, así como un endeudamiento creciente pero necesario para atender las necesidades deficitarias de infraestructura social, educación y salud pública.
Por otra parte, más allá de la pluralidad y ello podría en última instancia justificar la improcedencia de una consulta ciudadana, existe un hecho real: la mayoría de los veracruzanos, inclusive nuestra propia clase política y los medios de comunicación, se han mantenido al margen de lo que se debate. Razones para ello son muchas y de diversos matices, pudiéndose destacar tres que a mi juicio saltan a la vista: la deteriorada credibilidad en las instituciones, partidos políticos incluidos; la inobjetable inexistencia de representatividad democrática de diputados y senadores; y el clima de desinformación y opacidad en el manejo de la cosa pública que prevalece.
El pueblo cada vez menos cree en su gobierno, en tanto que la interacción entre representantes y representados, salvo honrosas excepciones, es prácticamente nula. Lo hemos afirmado en otras ocasiones, se tiene la percepción de que sociedad y gobierno parecen marchar por caminos diferentes.
De ahí la importancia de la campaña de información que llevan adelante las brigadas del Frente Amplio Progresista, círculos de estudio y periodismo ciudadano. Poco entendida y menos comprendida, pero necesaria. La vida democrática empieza en el hogar, en el centro de trabajo, la oficina o la escuela. Hoy es el tema del petróleo, pero podrían serlo todos y cada uno de los temas de aquellos asuntos que a todos nos competen. Sin información y participación consecuente, no hay vida democrática.
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