Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
En su tercer intento por conectarse con la realidad marcada por la crisis global, el gobierno federal, tras reconocer explícitamente la profundidad de esta, con el acuerdo nacional de 25 puntos para afrontar los efectos del “catarrito” es de reconocerse logra niveles de congruencia y acierto en relación a las demandas sentidas de amplios sectores de la población, que han generado, cuando menos, consenso entre los diversos actores de la vida política y económica de México. Obteniendo Calderón Hinojosa, incluso, la temprana felicitación de la Organización Mundial de Comercio y Desarrollo (OCDE), por las políticas públicas concertadas.
Como era de esperarse, no a todos satisfizo del todo el acuerdo nacional logrado, en la medida en que este ha sido cupular, orientado más a proteger y fortalecer al capital y a la economía formal, bajo el pretexto de proteger el empleo, pasando por alto aspectos tan importantes para coadyuvar en la defensa de la economía familiar como el poder adquisitivo del salario, el control de precios de la canasta básica y el freno al alza del diesel, energético que incide de manera determinante en el transporte de personas y mercancías, así como en el precio final de bienes y servicios. El propio Secretario de Hacienda reconoce que la prioridad está puesta en mantener a flote a la actividad exportadora frente a la caída del consumo de los estadounidenses, manteniendo el equilibrio macro económico más no impulsando el crecimiento general de la economía.
Para algunos analistas y politólogos, como Porfirio Muñoz Ledo, el acuerdo nacional se queda corto, “es pobre y timorato” señala; no obstante, dados los antecedentes destaca el que en esta ocasión se pretenda afrontar el efecto de la crisis de manera integral, señalándose el que, el como, el cuando y con quién instrumentar las medidas anunciadas, lo que ya constituye un gran avance.
Pero también, con base en experiencias previas, si bien cabe otorgar el beneficio de la duda al acuerdo nacional adoptado no es tiempo de echar las campanas a vuelo, pues no por ello se resuelve el problema de la incertidumbre respecto al aterrizaje de lo anunciado estando ya el país en plena efervescencia electoral, así como de la capacidad y voluntad política de servidores públicos para, superando la clásica improvisación y despilfarro de recursos, se pueda dar cumplimiento en tiempo, forma y eficacia a lo acordado. A lo que habría que sumar que, por lo que respecta a los principales actores de la vida económica y política del país, ni están todos los que son, ni son todos los que están, pues es un hecho que la clase empresarial y su contraparte política, no responden necesariamente al unísono al interés nacional o al interés de los más de 40 millones de mexicanos excluidos social y económicamente a lo largo de los últimos seis lustros de políticas neoliberales.
Con relación a estos últimos, sobreviviendo en condiciones de pobreza o pobreza extrema como eufemísticamente se le llama a la miseria, el acuerdo nacional no contempla nada para su rescate ó, como en el caso del decálogo veracruzano para paliar los efectos de la crisis, se circunscribe a generalidades e incrementos de presupuestos y acciones asistencialistas de coyuntura, que no apuntan a una solución real y de fondo a los orígenes de la desigualdad y la pobreza.
Será el tiempo el que diga la última palabra, con la salvedad de que México no puede darse el lujo de fracasar en este nuevo intento calderonista. Lo que está en juego es la supervivencia de millones de mexicanos.
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