Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
En la democracia representativa la prueba del ácido para los partidos políticos son los procesos electorales. El sufragio ciudadano determina el ser o no ser de todo partido político. El proceso electoral del pasado cinco de julio, con un abstencionismo de un poco más del 60 por ciento, puso de manifiesto que en términos prácticos, ninguno de los ocho partidos nacionales paso la prueba. La ausencia de representatividad, credibilidad y congruencia del sistema de partidos políticos en México es más que evidente. Habiendo dejado de responder a las necesidades de participación política y representatividad electoral de la enorme mayoría de los mexicanos en edad de votar, estos, en una escala de 0 a 10 calificaron con 4 al conjunto del sistema de partidos, arrastrando consigo a una legislación electoral federal inoperante.
Hoy asistimos al funeral legal del Partido Social Demócrata que no alcanzando el mínimo de votos que le asegurara su supervivencia, no pasó la prueba de aceptación por parte de la voluntad popular. A partir de esta descalificación, surge con ello la pregunta obligada: ¿Cual sigue? ¿Cuándo tendrán lugar las próximas exequias partidistas frente a la profunda crisis de un sistema nacional de partidos políticos que avanzando a pasos acelerados hacia un nefasto bipartidismo, refleja su incapacidad para afrontar los retos de un país en quiebra técnica?
El próximo examen a nivel federal habrá de aplicarse en el 2012, con la elección presidencial y la renovación del Congreso de la Unión. De continuar la actual tendencia del electorado, con el agravante de la percepción mayoritaria de que los tres órdenes de gobierno manifiestan su incapacidad para frenar el deterioro de la vida económica y social del país, la calificación podría ser aún más baja que la obtenida en el presente año.
Pensando un poco a la antigüita, y bajo la óptica de un análisis simplista, podríamos estar de acuerdo con quienes afirman que no todas las elecciones son iguales, diferenciando a las llamadas intermedias de la sustantiva de cada seis años con una también desigual tendencia de participación y abstencionismo. Sin embargo, en las actuales condiciones que se viven en México, lo que echa por tierra tal tesis es que de aquí para adelante lo que determinará el resultado de todo proceso electoral, será la circunstancia económica y social que prive en el momento de la elección; arrastrando consigo a un sistema de partidos políticos cuya crisis aún no toca fondo y que, por lo consiguiente, no afronta el reto de actualizarse poniéndose a tono con una ciudadanía que le ha rebasado.
Fuera de la ciudad de México, todo es Cuautitlan, reza la vieja conseja con la que al mismo tiempo que los “capitalinos” menospreciaban a “la provincia” se descalificaba a la ingente necesidad de revertir el centralismo mediante un movimiento renovador que planteaba el caminar de la periferia al centro. Hoy parece que sigue privando tal añeja conseja. La vida política, económica y social se concentra en el Distrito Federal y zonas conurbadas aledañas de las entidades federativas que comparten espacios con la gran urbe. El resto del país, no obstante la tendencia a la feudalización regional y hacer pesar a los gobernadores en la toma de decisiones, el centralismo y el desdén por “la provincia”, se mantiene incólume. El trato de la prensa nacional para con las entidades federativas y las consecuencias sobre las finanzas públicas estatales y municipales como resultado del pésimo desempeño del gobierno federal, lo confirman.
Tal fenómeno no solamente se refleja, también se repite en el sistema nacional de partidos políticos. Los gobernadores podrán, pesar, influir y ser factor determinante en sus respectivas entidades federativas de la vida misma de los partidos políticos nacionales en los que a su jurisdicción compete. No obstante, las decisiones sustantivas recaen en el ámbito centralizado de las dirigencias nacionales que, entre otras cosas, administran lo mismo el reacomodo de la correlación de fuerzas en juego que los intereses de los poderes fácticos, poder real del país en su conjunto. Todo esto tiene como corolario el que en la vida interna de los partidos políticos la posibilidad de renovación y democratización resulte inviable. A más de que en una acción suicida se da la contradicción en la que los intereses partidistas del centro se confrontan con los que legítimamente respondan a la correlación de fuerzas e intereses fácticos de “provincia”. Existiendo ya de hecho una fragmentación en la que cada partido político está dividido en tantas partes como entidades federativas, incluido el D.F., coexisten en la vida republicana de México. Así, la unidad nacional de cada uno de los partidos sobrevivientes, resulta ser una entelequia.
Conforme tal contradicción se profundice con las exigencias de los gobernadores de una mas equitativa distribución de la hacienda pública federal y un mayor poder de decisión en materia de políticas públicas a nivel local, confrontando a las dirigencias nacionales con el gobierno federal, la fragmentación partidista será mayor y con un mayor grado de conflictividad, en el seno de una sociedad también dividida conforme la desigualdad y la pobreza reviven a la presuntamente muerta lucha de clases.
El tiempo avanza sin respuestas claras y contundentes a la crisis del sistema de partidos y, en Veracruz, se nos echó encima. La elección del 2010 se dará en tal escenario y no es extraño el escuchar comentar al ciudadano común, que en esta ocasión se reprobará una vez más a los partidos políticos, sometiéndoles a la prueba del ácido y que, de sufragar, será a favor o en contra de aquellos personajes que merezcan mayor o menor confianza para el electorado, independientemente del color de la camiseta que ostenten o del calor que reciban del gobernador del estado.
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