viernes, 28 de noviembre de 2008

Víctor M. Quintana S.: Presupuesto rural 2009, otra vez la misma

Con otro de estos “mayores presupuestos de la historia” para el campo mexicano éste acabará de arruinarse. Porque a pesar de las celebraciones de algunos y la propaganda federal de que se aumentaron 31 mil millones a lo originalmente propuesto por el Ejecutivo, la agricultura productora de alimentos básicos, la que genera más empleos, la que involucra a 25 millones de mexicanos, es de nuevo relegada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

El rompimiento del cuasimonopolio priísta de muchos años en la Cámara de Diputados ha cambiado sustancialmente la forma de procesar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo que antes era aceptar con leves modificaciones la propuesta del Presidente, ahora se ha convertido en un apasionante juego de fuerzas, construcción de pactos, de equilibrios, compromisos.

Ya no existe la sumisión al Ejecutivo, pero han aparecido otros vicios: el clientelismo de algunos legisladores que tienen más fuerza; la puja de los gobernadores y sus diputados para jalar más recursos para sus entidades; el cabildeo de diversos grupos sociales o grupos de interés. Esto hace que el presupuesto que emerge de todo el proceso muchas veces carezca de visión estratégica, tienda a favorecer posturas electoreras, exprese compromisos cupulares y olvide los propósitos de desarrollo del país a largo plazo.

El presupuesto para el campo, el PEC (programa especial concurrente) para 2009 podrá ser más cuantioso desde algún punto de vista, pero de él están ausentes una visión y una estrategia para que nuestra agricultura se consolide como palanca de desarrollo, fuente de empleos dignos y pilar de la soberanía nacional.

Los mismos vicios del presupuesto de 2009 aparecen ahora: concentración de recursos en los agroexportadores y grandes productores de algunas regiones, sobre todo del norte del país. Se reduce lo asignado al rubro “desarrollo rural”, donde pudieran ubicarse los programas para apoyar el desarrollo productivo de agricultores campesinos e indígenas, de 4 mil 300 millones de pesos en 2008, a sólo 2 mil 600 en 2009. En cambio, hay un aumento sustancial de los recursos para programas asistenciales en el campo, como el de adultos mayores o el de pobreza rural: los campesinos pobres se siguen considerando, no como productores, sino como destinatarios de despensas y engrosadores de mítines y de urnas.

Tampoco hay una orientación clara, con suficiente volumen de recursos frescos para la producción de alimentos básicos y la sustitución de importaciones de los mismos. Al gobierno federal le vuelve a importar un bledo la dependencia alimentaria. Por otro lado, se vuelve a caer en el error de dotar de grandes recursos a los programas que más alto subejercicio presentan en 2008, como el de infraestructura rural, premiado con 10 mil millones de pesos, a pesar de que se ha subejercido este año en 50 por ciento. Se priva de recursos a los estados, por ejemplo, este año el programa de Adquisición de Activos Productivos se federalizó en ciento por ciento, pero para 2009 sólo se ejercerá por las entidades federativas 80 por ciento del mismo y el 20 por ciento restante, 2 mil 600 millones de pesos, quedará sujeto a la decisión discrecional del secretario de Agricultura.

Y todavía faltan las reglas de operación. Al momento de redactarlas, la SHCP se vengará de los aumentos que le hizo la Cámara de Diputados y pondrá tales candados que hará casi imposible acceder a algunos programas y volverá a provocar sub ejercicios.

Es de entenderse que un gobierno federal que no se compromete con la agricultura campesina proceda de esta manera. Es de entenderse que siga desde el presupuesto promoviendo la dependencia alimentaria cuando Felipe Calderón acaba de regañar a Barack Obama por pretender revisar el TLCAN, que requiere una renegociación urgente al menos en el aspecto de granos básicos.

Lo que no es de entenderse es que las organizaciones campesinas hayan cometido el mismo error de otros años. Ahora se unieron de manera sorprendente para realizar la gigantesca marcha del 31 de enero y exigir la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria. Flor de pocos días, porque la unidad se rompió y al momento de pujar por el presupuesto para el campo predominaron los intereses de bloques o de corporaciones. Salvo excepciones, cada quien luchó por los recursos para su organización, para su estado o su partido.

Se volvió a desperdiciar la ocasión para construir una fuerza nacional que exija un presupuesto rural con visión de Estado. Un presupuesto multianual que comprometa los recursos necesarios para potenciar la producción campesina, de alimentos baratos para los consumidores mexicanos y genere condiciones de vida digna para los productores a la vez que elimine nuestra creciente dependencia alimentaria.

Ni las organizaciones campesinas, ni los legisladores ni los partidos, estuvimos a la altura de lo que el campo mexicano se merece.

La Jornada. 28/11/08

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